14/02/2024
Denuncian que hay 4.000 puestos de trabajo en peligro. Santa Cruz y las empresas extranjeras buscan continuar con el proyecto, pero "no hay comunicación" con el gobierno de Javier Milei. Las consecuencias.
La demora en el desarrollo de las obras en la Represa Néstor Kirchner suscitó en los últimos días una medida de fuerza y "alerta máxima" de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que a través de la comisión interna del megaproyecto impulsa una movilización en repudio al congelamiento de la iniciativa. Ante ello, los focos están puestos en el gobierno de Javier Milei: "No hay comunicación con el Estado Nacional y hay cerca de 4.000 puestos de trabajo en peligro".
La comisión interna de la UOCRA en la Represa Néstor Kirchner se declaró en "alerta máxima" e inició el domingo último una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras los retrasos en la obra, que significa la fuente de ingresos para unos 4.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente al gigantesco proyecto, cuyas autoridades aguardan desde los primeros días de diciembre por su reanudación tras el cambio de gestión en el Ejecutivo.
"No vamos a permitir que saquen ni un equipo de obra, estamos en alerta máxima. En estos días estaremos convocando a una gran movilización por las represas en la Ruta Nacional N°3 a la altura de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Le pedimos a todos que estén preparados, ya que necesitamos la presencia de todos para pelear por nuestra fuente de trabajo", anunció el delegado de la agrupación sindical Blas Pérez.
"Este es el proyecto energético más ambicioso del país y la obra civil más importante en ejecución en toda América. No puede sufrir más demoras. La Argentina necesita energía y nuestras represas aportarán significativamente a mejorar la balanza energética de nuestro país", continuó el representante gremial; y agregó: "Si es necesario llevaremos la protesta a Buenos Aires. Esta obra es de los santacruceños para todo el país".
En este marco, peligra la conclusión del proyecto y las autoridades se mantienen a la espera de la Adenda XII, un documento que debería ser firmado por los miembros de Energía Argentina SA (ex Enarsa), China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited, donde se establecen las condiciones financieras y de obra para la continuación de la iniciativa. Sin embargo, aún no hay noticias, por lo que los trabajadores apuntan al gobierno.
"Tuvimos una reunión con los empresarios chinos donde nos dijeron que no tienen una comunicación con el Estado Nacional. Tenemos un acuerdo firmado hasta el 29 de febrero y estamos tratando de que Nación abra una mesa de diálogo para ver si se puede continuar. Desde China han presentado un petitorio en el ministerio de Trabajo donde dicen que si no hay entendimiento 'levantan y se van'. Hay cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos que están en peligro, es una de las obras principales de la provincia", reclamó el delegado de la UOCRA en Santa Cruz Raúl Silva.
De hecho, el titular de la empresa china Gezhouba. Zhang Jun, visitó el mes pasado al gobernador local Claudio Vidal para solicitarle su intermediación con el gobierno nacional. El mandatario provincial se manifestó en ese sentido en octubre último, durante la visita que realizó a las obras: "Voy a defender la continuidad de las obras en las represas y rediscutir el 12% de regalías que le dejan al distrito".
Actualmente, el avance del proyecto en la Represa Néstor Kirchner está en un 20%, mientras que la Jorge Cepernic muestra un 45% de desarrollo y la línea de Extra Alta Tensión en 500 kilovoltios no llega siquiera al 10%. Cada día de retraso implica gastos por miles de millones en dólares en el mantenimiento de los equipos, los materiales y el trabajo realizado, afectados por el feroz clima santacruceño; además, el eventual reinicio de la obra significará también otra cuantiosa partida debido a la necesaria asignación de nuevos recursos económicos y humanos.
Para peor, si el proyecto acaba por suspenderse, la Argentina le adeudará a China una suma cercana a los 2.000 millones de dólares; monto que, a su vez, no tendrá la posibilidad de cancelar a través de la generación de energía. Ello se suma a las consecuencias ambientales que tendría el abandono de la obra. Frente a ello, los trabajadores contemplan un plan de lucha con manifestaciones en el precio, cortes de rutas y una movilización a Buenos Aires, para que se abra el canal de diálogo entre los trabajadores, la provincia, el gobierno nacional y las empresas extranjeras.
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