Milei firmó un decreto declarando la "emergencia energética" y culpa por el mal servicio a las bajas tarifas

El presidente Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se declara la "emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024" para las áreas de generación, transporte y distribución de electricidad, como así también para el transporte y distribución de gas natural. En el DNU, el Gobierno extiende las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas), debido a la demora en los nombramientos, y ordena el inicio de la revisión del esquema tarifario para que entre en vigencia en 2024.

La medida instruye a la Secretaría de Energía que se encuentra bajo la órbita del ministerio de Economía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo,"para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

Los interventores en los entes reguladores que designe el Ministerio de Economía, están facultados a realizar los procesos de revisión de tarifas y hasta que estén definidas podrán "aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria".

Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días.

A ocho años de que el gobierno de Macri tomara una medida similar, el decreto firmado por Milei indica una creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, la falta de inversiones en renovación y ampliación de redes.

"A partir de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio", analiza el decreto, por lo que culpa a las tarifas por el mal servicio y no al accionar de las empresas prestadoras.

A pesar del incumplimiento en la calidad del servicio, el decreto no apunta sobre las empresas sino que ordena el inicio de una revisión tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo, habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestación de los servicios mientras se realiza dicha revisión.