Nueva fase de ajuste en la administración pública: pruebas de idoneidad y revisión de organismos

El plan de ajuste del Estado, impulsado por el gobierno de Javier Milei, entra en una nueva fase con una serie de medidas que buscan reducir el gasto público y optimizar la estructura administrativa. Tras una primera reducción en la cantidad de ministerios y áreas de coordinación, el Ejecutivo comenzará próximamente una revisión más profunda de los organismos descentralizados y lanzará un programa de pruebas de idoneidad para los empleados estatales.

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El Ministerio de Desregulación, encargado de implementar este ajuste, pondrá en marcha la próxima semana una serie de exámenes para trabajadores estatales, destinados principalmente a aquellos empleados de planta transitoria, cuyos contratos expiran el 31 de diciembre, así como a los que deseen ingresar por primera vez a la administración pública.

Los exámenes serán obligatorios, aunque no vinculantes, y consistirán en tres niveles de dificultad: uno para profesionales, otro para administrativos y un tercero para los llamados "servicios generales", como choferes o jardineros. Las pruebas, que se realizarán en forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), constarán de entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple, abarcando temas de lógica, matemáticas y conocimientos sobre la administración pública. Cada empleado tendrá tres oportunidades para aprobar el examen.

La semana que viene se abrirán los turnos para que los empleados estatales se puedan inscribir para rendir las pruebas de idoneidad. Además, tiene algunas dependencias en la mira.

En cuanto a las excepciones, quedarán exentos de la prueba los trabajadores de planta permanente, aquellos que residen fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las personas con discapacidad. Según explican desde el gobierno, el objetivo no es filtrar a los empleados, sino tener una herramienta para medir la eficiencia del personal y así construir un Estado más profesional.

Paralelamente, el Ejecutivo está realizando una revisión exhaustiva de los organismos descentralizados, evaluando su estructura, funciones y presupuesto. El gobierno ya ha tomado decisiones de peso, como la eliminación de 252 áreas de coordinación y la reducción de ministerios, pasando de 18 a 8. Ahora, el foco está en revisar más de 100 organismos descentralizados, algunos de los cuales podrían ser fusionados, eliminados o reincorporados a la administración central.

Entre los organismos en revisión se encuentran la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que el gobierno considera con un presupuesto elevado para salarios en comparación con los fondos destinados a los préstamos a emprendedores. También está en análisis el Consumo Protegido (Coprec), que depende de la Secretaría de Comercio y se encarga de recibir reclamos de los consumidores. El Ejecutivo considera que existen otras entidades con funciones similares, por lo que evalúa alternativas para su reestructuración.

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La reducción del personal en la administración pública es otra de las medidas clave del ajuste. Según las últimas cifras del INDEC, la dotación de personal estatal disminuyó en un 10,48% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, lo que equivale a la eliminación de 35.785 puestos de trabajo. Este ajuste afectó tanto a los ministerios como a los organismos descentralizados, así como a las empresas y sociedades bajo la órbita del Estado, que registraron una disminución de 12.328 puestos.

Este proceso de ajuste ha generado controversia, especialmente entre los sectores sindicales y las organizaciones sociales, que critican lo que consideran un "ajuste salvaje" en la administración pública. Sin embargo, el Gobierno defiende sus medidas, argumentando que son necesarias para lograr una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, en un contexto de necesidad de recursos para financiar otros sectores de la economía.

En resumen, el gobierno de Milei continúa avanzando en su plan de reducción de la administración pública, con una serie de medidas que incluyen la implementación de pruebas de idoneidad para los trabajadores estatales y una revisión más rigurosa de los organismos descentralizados. El futuro de estos organismos y de muchos puestos de trabajo dependerá de los resultados de estas auditorías y evaluaciones.