Nuevo revés judicial para la comunidad mapuche Lof Paillako en el Parque Nacional Los Alerces: se acerca el desalojo

La comunidad mapuche Lof Paillako, liderada por el dirigente Ernesto Cruz Cárdenas, ha agotado las instancias legales para evitar el desalojo del predio que ocupa desde 2020 en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. Tras un largo proceso judicial, la causa ha regresado a la mesa del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien ahora podrá iniciar los trámites para la restitución de las tierras a la Administración de Parques Nacionales.

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En el expediente, además de Cruz Cárdenas, figura su pareja María Belén Salinas como parte involucrada en la ocupación. El último recurso presentado por los abogados de la comunidad, en el que apelaban la resolución del juez Otranto y la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, fue finalmente rechazado, dejando sin posibilidades legales el intento de frenar el desalojo.

El fallo de la Corte, firmado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, ratifica la decisión judicial anterior, rechazando las objeciones de la defensa, que insistió en la preexistencia histórica de la comunidad mapuche en las tierras en disputa.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó un recurso extraordinario presentado para evitar su expulsión de las tierras que ocupan en el Parque Nacional Los Alerces. Comienza la cuenta regresiva para la restitución del predio al Estado Nacional.

La ocupación comenzó en 2020, cuando Cruz Cárdenas y su grupo irrumpieron en la seccional de guardaparques El Maitenal, en la ex población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, en pleno corazón del parque. Desde entonces, se construyeron viviendas y galpones en el área, lo que generó un intenso conflicto legal y territorial con la Administración de Parques Nacionales.

A lo largo de este proceso, la anterior gestión de Parques Nacionales adoptó una postura moderada, buscando alternativas de solución al conflicto sin plantear el desalojo. Sin embargo, con la llegada de Cristian Larsen a la presidencia del organismo, la postura cambió drásticamente. Larsen advirtió que no habría más contemplaciones, y a través de sus redes sociales, hizo pública su determinación: "Cruz Cárdenas, se te acabó la joda", escribió en su cuenta oficial.

A partir de ahí, se inició un proceso administrativo en el que la comunidad fue emplazada a abandonar el terreno en un plazo de 30 días. Ante la negativa de la comunidad a retirarse, se activó el proceso judicial que finalmente ha llegado a su punto culminante con la resolución de la Corte.

El presidente de Parques Nacionales celebró la resolución judicial y subrayó que "este es el fin de una etapa de maniobras legales para dilatar lo inevitable". Según Larsen, el desalojo es inminente y se llevará a cabo antes de fin de año. "Cruz Cárdenas será desalojado y la seccional de Guardaparques, que fue usurpada, regresará a su propósito original", afirmó el funcionario.

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El próximo paso será la realización de un relevamiento en el terreno ocupado para determinar el número de personas que habitan el lugar, las viviendas construidas, y otras características de la población. El juez Otranto ha ordenado que este informe sea realizado por la Administración de Parques Nacionales, con la colaboración de fuerzas federales para garantizar el acceso al predio. Este relevamiento es crucial para definir el alcance del desalojo, que podría ejecutarse en un plazo no mayor a 15 días una vez completada la constancia del terreno.

La situación también ha sido objeto de controversia política, con acusaciones cruzadas entre Cruz Cárdenas, el gobierno de Chubut y la Administración de Parques Nacionales. El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, acusó al dirigente mapuche de ser responsable de los incendios forestales que afectaron más de 6.000 hectáreas en la región el pasado verano. Por su parte, Cruz Cárdenas respondió a las acusaciones, calificando de "racistas" y "antimapuche" los comentarios de los funcionarios.

Con este nuevo fallo, la justicia parece poner fin a un conflicto que ha estado marcado por la tensión entre las demandas territoriales de la comunidad mapuche y la normativa que regula la ocupación de tierras en los parques nacionales. El desalojo, que parecía un escenario lejano, se perfila ahora como una resolución inminente para un caso que ha generado gran debate y polarización en la región.