11/10/2024
Es porque no se presentó a declarar en una causa judicial. El exmandatario está siendo investigado por su presunta implicación en delitos de abuso de menores y trata de personas en 2016.
Morales reafirma su inocencia y alega amenazas de muerte y falta de garantías para su seguridad.
La
Justicia de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo
Morales porque no se presentó a declarar en una causa judicial enmarcada en una
investigación por trata y tráfico de personas, que lo involucraría por tener
relaciones con una menor de edad.
La
orden fue emitida por Sandra Gutiérrez, fiscal del departamento de Tarija,
quien subrayó que la ley se aplica de manera igualitaria sin importar el rango
de la persona involucrada. "La ley así lo ordena, sea Evo Morales, sea
Juan Pérez, la ley es absolutamente para todos", señaló Gutiérrez,
destacando la transparencia en el proceso judicial.
El
exmandatario está siendo investigado por su presunta implicación en delitos de
abuso de menores y trata de personas en 2016.
A
sus 64 años, Morales calificó la situación como una "persecución política",
afirmando que el caso es parte de un ataque organizado por el gobierno de Luis
Arce (presidente en curso). La ruptura entre ambos intensificó la lucha interna
dentro del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), de cara a las
elecciones generales de 2025.
Morales
reafirma su inocencia y alega amenazas de muerte y falta de garantías para su
seguridad.
El
expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia a su vez que las
autoridades actuales procedieron a la reapertura de un caso archivado.
Según
la denuncia de 2020, se acusa a Morales de haber tenido una relación con una
menor de 15 años en 2016, con quien presuntamente tuvo una hija. La
investigación también involucra a los padres de la adolescente, quienes
supuestamente facilitaron la relación a cambio de favores.
La
menor no ha sido identificada públicamente y tampoco se han presentado a
declarar en el proceso judicial.
El
delito de estupro, uno de los cargos imputados, es de orden privado en Bolivia,
lo que implica que solo puede iniciarse una investigación si la víctima o sus
familiares directos presentan una denuncia. Sin embargo, en el caso de trata de
personas, el Estado puede actuar de oficio para abrir una causa judicial.
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