20/05/2024
El procedimiento está incluido dentro de un proyecto que el máximo tribunal envió a la Legislatura de la provincia del norte del país. Abogados de la zona cuestionan la iniciativa y aseguran que impedirá el acceso a la justicia para las personas con menos recursos.
En una muestra de desconocimiento de los tiempos que corren y la crisis económica que se vive en miles de familias, la Corte Suprema de la provincia de Salta estableció el pago de más de $350.000 para admitir el análisis de recursos de queja.
Específicamente, el máximo tribunal incluyó entre los requisitos para admitir este tipo de planteos el pago de un bono de $355.032, lo que equivale a 12 unidades de valor JUS (unidad arancelaria de honorarios profesionales para abogados y procuradores).
Esa modificación se encuentra dentro de las enmiendas que los magistrados hicieron sobre el Código Procesal Civil y Comercial de Salta, que fue remitido a la Legislatura provincial en marzo, pero que saltó a la luz en los últimos días por la opinión de una abogada.
"Restringiría las quejas favoreciendo a quienes gocen de mejor posición económica y social, en desmedro de las capas sociales desfavorecidas", argumentó María Fernanda Guillén, en una columna publicada por el diario El Tribuno.
"La doctrina constitucional mayoritaria coincide en que la exigencia de depósito conculca el acceso a la Justicia, limitando la llegada de casos mediante una traba económica que viola el principio de igualdad ante la ley", remarcó la docente universitaria.
En el mismo sentido opinó el constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, quien puso el foco en la situación social y económica que vive el país y a la que los salteños no están ajenos.
"Siempre es una mala noticia, y máxime si se vincula al servicio de justicia", sostuvo.
En tanto que el abogado Roque Rueda consideró que la modificación del artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia "es una política judicial inconveniente y una mala idea".
"Asuntos muy importantes quedan en el camino sencillamente porque el perjudicado no puede seguir haciendo esfuerzos económicos para recurrir", analizó.
"Con una tasa como esta muchos casos que a la Corte misma le hubiera interesado revisar, tal vez con enormes arbitrariedades, pueden a quedar en el camino", remarcó.
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