Proyecto para exámenes toxicológicos a funcionarios: buscan garantizar la transparencia en la función pública

Un grupo de diputados de los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentó hoy un proyecto de ley que propone realizar exámenes toxicológicos a los legisladores, jueces e integrantes del Poder Ejecutivo nacional para detectar el consumo de drogas. El objetivo de esta iniciativa es asegurar la "integridad, idoneidad y transparencia" en el ejercicio de la función pública.

La propuesta fue redactada por el diputado del PRO, Gabriel Chumpitaz, y contó con la firma de los legisladores de la LLA Lorena Villaverde y Carlos Zapata, así como de los representantes del macrismo Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez.

Según Chumpitaz, la medida es parte de un esfuerzo integral contra el narcotráfico y las adicciones. "La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir", afirmó el legislador. Y agregó que la propuesta busca también poner fin a la "doble moral" de algunos funcionarios, acusándolos de consumir drogas y, a su vez, minar la confianza pública y la eficacia de las instituciones del país.

El proyecto establece que los exámenes se realizarán de manera obligatoria para los funcionarios de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como para directivos de organismos autárquicos y empresas estatales. Los exámenes se llevarán a cabo al momento de asumir el cargo y luego de manera anual, además de realizarse pruebas aleatorias cada tres meses sobre una muestra representativa de los funcionarios.

Las sustancias a detectar incluyen cocaína y sus derivados, marihuana y sus derivados, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas. La única excepción sería para aquellos medicamentos que contengan estas sustancias y hayan sido recetados por un profesional de la salud.

Los análisis serían efectuados por laboratorios certificados, con estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Si un funcionario da positivo en el test, podrá solicitar una contraprueba dentro de las 48 horas siguientes. Si el resultado se confirma, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta que se resuelva su situación. En caso de que se confirme el consumo de estupefacientes, la continuidad del funcionario en su cargo será evaluada por el Poder Ejecutivo, con la intervención de una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción, que emitirán un informe para el Presidente de la Nación.

En el Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada cámara, la cual podrá recomendar la destitución del funcionario, decisión que será sometida a una votación con mayoría simple. En caso de que se apruebe, se iniciará el proceso de juicio político o remoción, según corresponda. Para los magistrados del Poder Judicial, el proceso será similar, con intervención del Consejo de la Magistratura, que podrá iniciar el procedimiento de remoción o sanción correspondiente.

Este proyecto ha generado un amplio debate, con algunos sectores apoyando la medida como una forma de asegurar la transparencia en la función pública, mientras que otros señalan que podría ser una medida demasiado invasiva para los derechos de los funcionarios. Sin embargo, lo que está claro es que la propuesta marca un punto de inflexión en la discusión sobre el comportamiento de los representantes del Estado y su responsabilidad ante la sociedad.