24/01/2025
La ex jueza trabajó durante 43 años en la Justicia, los primeros 13 en el fuero federal de Capital Federal y posteriormente fue jueza en lo correccional en Zárate - Campana. Fue a la largo de su carrera que se sintió interpelada por la situación de las víctimas que, en la mayoría de los casos, no contaban con abogados del Estado que los acompañaran ni asesoraran. Por eso, después de jubilarse, decidió poner toda esa experiencia a disposición y se puso en contacto con Daiana Cohen Agrest, presidenta de la ONG "Usina de Justicia" cuya misión es acompañar y asesorar a familiares de víctimas de homicidios y femicidios.
Por
Natalia Perzhalo
- ¿Cuántos años
trabajó en el Poder Judicial?
-Trabajé 43
años en la Justicia, los primeros trece en el fuero federal de Capital Federal,
antes que se mudaran a la calle Comodoro Py, y posteriormente en el Departamento
Judicial de Zárate-Campana. Fueron años de gran experiencia y aprendizaje. Un
privilegio para mi estar en el Poder Judicial.
En el año '97, el entonces Gobernador de la provincia de Buenas Aires (Eduardo Duhalde), modificó el código de procedimientos penal y pasamos a la oralidad en los juicios, los fiscales investigan los delitos y los jueces imparciales dictaban sentencias a partir de los elementos que aportaban las partes.
-¿Cuáles fueron
los casos más duros que tuvo que enfrentar?
-En ambos fueros,
federal y provincial, los casos eran difíciles porque había víctimas que sufrían
los delitos y no tenían abogados del Estado que los acompañaran ni asesoraran,
salvo que pudieran pagar abogados particulares.
Nada se
hablaba en esos tiempos de los derechos de las víctimas, hasta que en el 2017
se sancionó la Ley de Víctimas que establece derechos y garantías para los
damnificados. Con posterioridad se sanciona en Buenos Aires, Santa Fe y otras.
Estuve en casos conocidos por la prensa, integré el Tribunal en lo Criminal que condenó al viudo Arce y a su madre por el asesinato de Rosana Galiano.
-¿Existen
diferencias entre los delincuentes de antes y los de ahora?
-Los
delincuentes se van aggiornando de acuerdo a las épocas y las
características de la sociedad. A medida que se instalaron las teorías abolicionistas
el delito fue mutando porque pasaron a justificarse y las autoridades cedieron
espacios de contención.
Durante la
pandemia, por ejemplo, se liberaron miles de presos que regresaron a las casas
a convivir con sus víctimas y luego de finalizado el encierro ningún Tribunal requirió
nuevamente su regreso a la cárcel.
Está claro que la impunidad fortalece y favorece la nueva comisión de delitos.
-¿Cuál es su
opinión acerca de la baja en la edad de imputabilidad?
-Considero urgente
e imprescindible que el Congreso trate la baja de imputabilidad. Portar un arma,
asesinar, violar o robar no es actividad de "niños", saben perfectamente la
diferencia entre el bien y el mal, si pueden elegir su sexo y votar, saben
cuando cometen un delito. En caso contrario, ninguno buscaría escaparse ni
ocultar las pruebas del hecho y permanecerían en el lugar. Los ciudadanos estamos
desprotegidos en manos de menores que matan y luego vuelven a sus casas,
justamente el nido del delito.
No podemos
naturalizar el tráfico ilegal de armas que existe en nuestro país frente a los
ojos de una sociedad anestesiada. Nadie se escandaliza porque estén armados.
-¿Qué piensa sobre
el servicio penitenciario y el estado de las cárceles?
-Es imprescindible
la construcción de nuevas cárceles además de acondicionar aquellas que lo
necesitan; proveerlas de los elementos para aprendizaje de oficios. La
población creció y el delito también. Hace muchísimos años que no se construyen,
no es redituable, ni aporta votos, pero es necesario para la seguridad de la
sociedad.
-¿Cómo llegó a
Usina de Justicia?
Después que me jubilé pensé en qué podía ayudar o colaborar, así fue que escuché una charla de Diana Cohen Agrest y me ofrecí para acompañar a la ONG Usina de Justicia que ella preside. Es una organización de la sociedad civil apartidaria, integrada por médicos, abogados, psicólogos y fundamentalmente familiares de víctimas de delitos de homicidio y femicidio. Somos todos voluntarios que de manera desinteresada acompañamos a los familiares en el durísimo camino de perder un ser querido. Brindamos contención emocional, asesoramiento legal y difusión de los casos. Aportamos en políticas públicas para lograr la modificación de leyes que tengan influencia en cuestiones de seguridad, salud mental y temas de la Justicia.
Desde mi lugar y experiencia deseo que la Justicia tenga una mirada
del derecho penal con perspectiva en las víctimas, que no sean solo un objeto
de prueba sino sujetos de derecho que sufren el delito y, además, que las
víctimas puedan ver en la Justicia un aliado y no un enemigo.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.