Transportistas peruanos realizan un tercer paro nacional en protesta por la inseguridad

Varios gremios de transporte de Perú llevan a cabo un tercer paro nacional en reclamo de mayores medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad, ante el aumento de amenazas, extorsiones y homicidios por parte de los grupos vinculados al crimen organizado.

La medida obligó a que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana estableciera que las clases en los centros educativos se lleven a cabo a distancia ante la falta de transporte. No obstante, la medida fue duramente cuestionada por el ministro de Educación, Morgan Quero, quien tildó la protesta de 'minoritaria'.

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El aumento de la inseguridad en el distrito de Lima ha motivado masivas protestas por parte de los gremios de transporte.

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En la misma línea, la presidenta Dina Boluarte minimizó el cese de actividades convocado por el sector del transporte con motivo del aumento de la inseguridad en el país. 'A los hermanos del sector transporte le decimos, un paro o dos, o los que pudieran organizarse dentro del marco constitucional, y es correcto, no va a resolver el problema', sostuvo durante una rueda de prensa.

Además del reclamo al Ejecutivo por mayores medidas que garanticen la seguridad en el área, los manifestantes reclaman por la derogación de la Ley 32108, sobre el Crimen Organizado y el archivo de la Ley de Terrorismo Urbano, ya que consideran que beneficia a los criminales.

Entre las demandas, los transportistas reclaman por la derogación de la Ley 32.108.

Solamente en el distrito de Lima, trece jurisdicciones se encuentran en emergencia a raíz de la acuciante situación de seguridad pública, que tiene además en el mismo status a la vecina provincia de Callao.

En las últimas horas, la mandataria peruana ha manifestado en cadena nacional que realizaría un 'seguimiento' a los ciudadanos venezolanos que habiten en el país, (para controlar que el origen de sus ingresos no sea de fuentes ilícitas), en un intento de respuesta contra el aumento de la influencia de la organización criminal 'Tren de Aragua', originaria del país caribeño. La medida ha suscitado un amplio rechazo y los principales detractores de la jefa de Estado ponen en duda su efectividad.