Tras el escándalo de Alberto Fernández, el gobierno prohibió a los intermediarios en las compras de seguros del Estado

En medio del escándalo por el que se halla doblemente imputado el expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de seguros durante la gestión del Frente de Todos, el gobierno nacional de Javier Milei dejó trascender este jueves a primera hora la decisión de prohibir la actuación de intermediarios en las compras de pólizas de cualquier organismo del Estado.

La disposición fue adoptada por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien ayer por la noche envió una breve misiva para anoticiar de la medida a los ocho ministros del Poder Ejecutivo y a los tres secretarios de mayor proximidad a la presidencia, entre los que figura la Secretaria General Karina Milei, hermana del jefe de Estado. La determinación responde a la denominada "Causa de los seguros" actualmente en curso y que salpica al exmandatario Fernández.

"Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones deberán efectuarse sin mediar intermediación", aseveró en la breve nota el jefe de Ministros, quien se encuentra por estas horas a cargo de la dinámica diaria del gabinete de la Nación mientras el presidente Milei protagoniza una gira oficial por Estados Unidos y Dinamarca.

El dictamen fue referido a los ministros Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud); así como a los funcionarios Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Secretario de Legal y Técnica) y Eduardo Serenillini (Secretario de Prensa).

En tanto, en el más reciente avance de la causa, el juez Julián Ercolini resolvió este martes la inhibición de bienes de Fernández y los demás acusados en el caso, entre ellos algunos exfuncionarios y amigos del expresidente, así como su secretaria. Junto a ello, el magistrado exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de las personas y empresas involucradas, y elevó una solicitud a la Oficina Anticorrupción para comenzar a investigar las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de los imputados.