Tres funcionarios del PAMI fueron citados a indagatoria por desvío de fondos

La Justicia llamó a indagatoria a tres funcionarios del PAMI fueron llamados a indagatoria por supuesto desvío fondos de la central del organismo en favor de entidades que responden a La Cámpora, según indicaron fuentes judiciales a la prensa. La denuncia fue fue presentada por la diputada nacional, Graciela Ocaña y la citación fue firmada por el Juez Julian Ercolini, por pedido del fiscal Guillermo Marijuan.

Se trata de los funcionarios, Santiago Paredes Adra, Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI; Osvaldo Leonel Aquino, gerente de control de gestión social de la obra social de jubilados; y Esteban Ernesto Leguizamo, director ejecutivo de uno de los locales que recibió los fondos.

Para el fiscal, los tres funcionarios "habri?an actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razo?n de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve CJyP que no habri?an cumplido con los requisitos establecidos en la norma". Además, sostuvo que "autorizaron, gestionaron y efectivizaron la entrega de un subsidio extraordinario por montos diez veces superiores a los contemplados en la norma que los autorizaba a otorgarlos".

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Programa de Atención Medica Integral (UFI-PAMI), y determinó que seis de los nuevos centros funcionan en unidades ba?sicas de la agrupacio?n poli?tica "La Campora", a la que pertenece la titular de la obra social, Luana Volnovich.

El hecho surgió a partir de una resolución del PAMI de febrero del 2021, por la que se autorizó el giro de los fondos por un total de 900 mil pesos para diferentes establecimientos en concepto de Subsidio Solidario de Sostenimiento, el cual según la normativa está destinado al fomento de lugares de asistencia para ancianos y pensionados.

La causa nació a raíz de la presentación de Ocaña y el ex diputado Luis Petri. En la denuncia se detalló que si bien los fondos debían ser destinados a la contingencia sanitaria por la pandemia, era llamativo que "de los nueve centros beneficiarios, seis fueron inscriptos con posterioridad al inicio de la crisis sanitaria". Los subsidios fueron entregados a los siguientes centros de jubilados: "Vengo a proponerles un sueño", "Que florezcan mil flores"; "Seguimos Soñando", "No me olvides"; "Eduardo Galeano", "Palermo Viajo", "Honrar la vida", "Milagros al sur" y "La fe trae esperanzas".

Según se detalló, la sospecha es que ese monto de dinero entregado como "subsidio solidario de sostenimiento" y "apoyo extraordinario" a centros de jubilados y pensionados fue destinado a locales sin funcionamiento que están bajo el control de La Cámpora.

Otra de las irregularidades es que no se especifica la fecha de entrega de los subsidios, o bien la identidad de quienes lo recibieron. Cinco de los nueve formularios de solicitud del beneficio fueron presentados con firma, pero sin ningún tipo de dato de identidad, y fueron aprobados como peticiones válidas y luego autorizados para que se efectúen los pagos correspondientes. Sumado a eso, muchos de ellos no consignan la fecha en que fueron entregados.

La resolución que aprobó el subsidio fue firmada por el gerente de Control de Gestión Social del PAMI, Osvaldo Aquino, y por su asesor, Santiago Paredes Adra, en donde se remarcó que "para evaluar y proceder al otorgamiento" del dinero, el Departamento Subsidios y Abordaje Territorial "ha corroborado el cumplimiento" de los requisitos por parte de los establecimientos para recibir esta ayuda económica por parte del Estado. "Esto es, dar cumplimiento con los 'Criterios de Inclusión' y 'los Requisitos y Documentación a presentar por la Entidad' establecidos en los apartados a) y b) 1) correspondientes al Anexo I de la Reglamentación", precisó el documento oficial.

Además, el texto señaló que "el equipo técnico local incorporó en las presentes actuaciones la solicitud de la ayuda económica efectuada" por los establecimientos en cuestión, para lo cual se tomó en cuenta "la evaluación de la vulnerabilidad de la entidad, y la conformidad de la Dirección Ejecutiva Local para el otorgamiento del máximo de Unidades de Fortalecimiento Social".