Ordenan investigar más sobre el rol del Ejército en la entrega de tierras a los mapuches

Micaela Cabezas

5 octubre, 2022

La Cámara Federal ordenó que se profundice la investigación respecto a los motivos que llevaron al Ejército a no apelar a tiempo la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Desde el fallo se plantea que “podríamos estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública, quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores, que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”.

La decisión fue tomada como respuesta a una apelación de Stornelli. El juez Rafecas había considerado que no hubo delito.

En la decisión judicial se determinó también que se proceda a “la anotación de este proceso en el registro de la Propiedad Inmueble respectivo a las tierras cuya mesura fuera aprobada por resolución N° 1174 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al sólo objeto de dar publicidad de la existencia de esta causa ante terceros”. Se trata de un expediente que intenta esclarecer en los tribunales de Comodoro Py por qué una apelación del Estado no llegó a tiempo y permitió que quedara firme la entrega de tierras a un grupo de mapuches en el sur.

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Tras una discusión sobre la competencia de la investigación, el fiscal federal porteño, Carlos Stornelli, impulsó la indagatoria de los funcionarios involucrados por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público por no haber apelado un fallo que ordenaba la entrega de tierras. En aquella oportunidad, Stornelli acusó a Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa, de Nicolás Rodríguez Vacarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

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Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas, consideró que no había existido delito y sobreseyó a los denunciados. Según el magistrado, “más allá de la nota administrativa enviada al Ejército Argentino en forma tardía, esa institución ya había tomado conocimiento de la sentencia y que lo aquí sucedido, no es más que un ejemplo de las distintas posiciones internas dentro del Poder administrador en torno al tema en cuestión”.

La causa fue apelada ante la Cámara Federal. Según Stornelli, el criterio fue “apresurado” dado que “no sólo se descartó tempranamente la responsabilidad de las personas implicadas en las actuaciones, sin haberse producido las diligencias propuestas por la acusación; sino que, a su vez, se desechó la ampliación del objeto procesal solicitada, en base a afirmaciones formales y dogmáticas, vedando de este modo la posibilidad de obtener evidencia para corroborar o no la hipótesis delictiva planteada”.

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En tanto, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a través de una resolución hicieron lugar a la apelación: “La instrucción vislumbra aún un estado incipiente que no ha esclarecido todos los puntos relevantes de los sucesos que componen su núcleo procesal. En consecuencia, el temperamento adoptado deviene apresurado, por lo que corresponde revocarlo y continuar con el trámite de la pesquisa, debiendo realizarse las disposiciones aquí referidas y toda otra que se juzgue conducente para corroborar o desechar la hipótesis ilícita planteada”.

Por último, indicaron que la fiscalía, en base a una declaración testimonial, amplió la acusación en torno a una posible acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en diversos ámbitos de la Administración Pública, para favorecer a grupos mapuches. “Son medidas a priori idóneas y plausibles para obtener un panorama más integral respecto del suceso y la situación de quienes están implicados”.

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