La Superintendencia Nacional de Migraciones determinó que un grupo de personas, integrantes del grupo autodenominado “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos”, entre las que se encuentra Juan Grabois, no pueda ingresar a Perú “en aras de prevenir afectaciones a la seguridad nacional, orden interno y orden público”.
El gobierno definió que no permite el ingreso luego de que 15 activistas argentinos y uno norteamericano estuvieron entre el 8 y 13 de febrero en el país recabando información sobre el tratamiento de las protestas por el gobierno de la presidente Dina Boluarte.
Además de Grabois, tienen prohibida la entrada los diputados Juan Marino y Federico Fagioli, ambos del Frente de Todos (FDT); la dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro y la dirigente María José Cano (Directora Depto Derechos de Los Pueblos ATE – CTA Nacional), Ramiro Geber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarea (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo), entre otros dirigentes y activistas.
El grupo desconoce la destitución del ex presidente Pedro Castillo. Ante ello, Migraciones detalló que, de acuerdo con información por la Jefatura de la División de Extranjería de la PNP, “los ciudadanos extranjeros participaron en acciones de protestas y reuniones con dirigentes sociales, infringiendo la norma migratoria peruana”.
Según un documento de Migraciones sobre el grupo que apoya a Castillo: “Prestaron declaraciones respecto a temas sensibles, que dividen a la población peruana, evidenciando así la abierta injerencia de extranjeros en la política interna del país; aprovechando el momento de convulsión política, con estos propósitos, que afectan gravemente el orden interno, la seguridad y la soberanía nacional”.
Además, se precisa que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter) halló que la conducta de los mencionados, entre ellos la de dos diputados argentinos, “se encontraría vinculada a la realización de actividades que alteran el orden interno, seguridad nacional y orden público”.
La medida del gobierno fue iniciada por legisladora Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, quien solicitó acciones frente a esta situación. “Atendiendo nuestro pedido, Migraciones impedirá que los miembros de la autodenominada ‘Misión de Solidaridad Internacional’ ingresen al Perú. Estos falsos defensores de los DDHH vinieron para dinamitar nuestra democracia, haciéndole el juego a la izquierda radical y la caviarada”, reveló.
