Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) indicaron que le pedirán al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por la reactivación del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, el cual fue desmantelado en junio del 2020 por decisión de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.
Cabe mencionar que la disolución de la División de Inteligencia, conocida como “Unidad 50”, tomó notoriedad en mayo del año pasado cuando la jueza María Servini denunció a Soria y Garrigós de Rébori. La jueza había pedido investigar, en septiembre de 2021, un caso en el que se sospechaba que se comercializaba droga en el Pabellón Universitario del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, en Devoto. En tanto, desde el Servicio Penitenciario Federal respondieron que carecían de facultades para investigar porque no contaban con un organismo que pudiera hacer las tareas encomendadas.
La decisión de disolver el Departamento de Inteligencia Penitenciario la tomó el Gobierno tras denunciar a la gestión de Mauricio Macri por el presunto uso de esa división para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y exfuncionarios kirchneristas detenidos por corrupción.
Ahora, la preocupación de la Asociación de Magistrados gira en torno a la cantidad de delitos que se encargan desde las cárceles, incluso, amenazas de muerte contra funcionarios judiciales. El pedido va en sintonía con el informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, respecto a la activada de los capos del narcotráfico en los penales bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
Hace unos días, el procurador Eduardo Casal volvió a hacer el pedido con un informe actualizado en donde se mencionan métodos de los capos para seguir al frente del negocio: celulares, encomiendas, cartas postales, reuniones familiares, llamadas de seis horas y capacitaciones online. La presentación advirtió también respecto a la posible connivencia de los agentes penitenciarios en la trama.
El viernes pasado, una investigación de la PROCUNAR, la fiscal Cecilia Incardona y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal frustró la fuga de Esteban Alvarado del penal de Ezeiza. Mencionado narco se comunicaba a través de WhatsApp con sus cómplices.
Asimismo, la Asociación de Magistrados había indicado en febrero pasado su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron jueces y fiscales de Santa Fe que tienen causas contra el narcotráfico y le reclamó al gobierno local y al nacional que se garantice su seguridad.
