El Gobierno Nacional anunció que no participará de la reunión convocada por la Corte Suprema, que se realizará en medio del tenso debate entre la definición que la corte debe tomar respecto a si considera constitucional o no el desplazamiento de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli. Mediante una carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrants, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario Horacio Pietragalla Corti, catalogaron como “repentina y oportunista” a la convocatoria.
“La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”, expresa el comunicado. El encuentro tiene como objetivo coordinar el trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad en medio de las restricciones impuestas en el aislamiento social por la pandemia de coronavirus.
El pasado lunes, Rosenkrantz denunció una “campaña de desprestigio” en su contra, mediante acusaciones “infundadas”. “Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, manifestó.
LA CARTA COMPLETA:
Junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, @mmlosardo, declinamos de la invitación a la reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (“Comisión Interpoderes”). pic.twitter.com/pvA8GfJAdn
— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) October 8, 2020
“Nos dirigimos a usted respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (‘Comisión Interpoderes’). No están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado. A partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”.
La Comisión Interpoderes se creó tras la acordada de la Corte Suprema N° 42/08 y es un ámbito en el que los tres poderes del Estado deben coordinar las tareas vinculadas a los procesos de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Para los funcionarios “es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento”.
