Así lo resolvió en un fallo unipersonal el camarista de la Sala II, Carlos Farah, quien mantuvo el criterio expresado por el fiscal José Agüero Iturbe, según el cual los magistrados, ex agentes de inteligencia, directivos del grupo Clarín y el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta involucrados, actúan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y, si hubo delito, se gestó en ese distrito y no en Bariloche.
La causa es la investigación del viaje de un grupo de jueces federales y otros funcionarios a la estancia del británico Joe Lewis, pagado por el grupo Clarín, lo que podría configurar el delito de “dádivas» y “violación de los deberes de funcionario público”.
La fiscal de Bariloche llevó a cabo algunas medidas, pero uno de los señalados en el expediente, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, reclamó el envío de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, lo que fue rechazado en primera instancia por el juez Sebastián Ramos.
Hoy, el camarista Farah revocó esa decisión sobre la base de que “todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad….todos los asuntos que – se dijeron- conectados a los hechos, se distanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial… si por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, todo ello también habría ocurrido aquí«.
“Es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó Farah.
En este contexto, el camarista consideró “insustancial» dónde se consumaron las presuntas irregularidades o delitos. Podría haber sido en lugares diferentes, e incluso fuera del país; aún así, la causa debería investigarse en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires.
LOS HECHOS
Los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, el Procurador porteño Juan Bautista Mahiques (hijo del anterior), Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de CABA, Tomás Reinke, ex jefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergot, ex agente de inteligencia, Jorge Rendo, CEO del grupo Clarín y Pablo Casey, director de Legales e Institucionales del mismo holding, fueron los protagonistas de un escándalo que estalló a principios de diciembre pasado.
Por entonces se conocieron los chats que intercambiaron para disimular su presencia durante un fin de semana en la estancia de Lewis, invitados por Clarín. En los mensajes barajaban la posibilidad de enviar información sesgada a algunos periodistas, o conseguir facturas apócrifas para despistar una eventual investigación judicial.
Estos chats, cuya filtración es fruto de un hackeo ilegal de los teléfonos de los involucrados, sobre los que no pesaba ninguna orden de escucha judicial, fueron aprovechados por el abogado rionegrino Marcelo Hertzriken Velazco y por el ministro de Justicia, Martín Soria, para denunciar a los funcionarios que viajaron al sur. El gobierno nacional dejó trascender que pediría el juicio político de los jueces involucrados, mientras que Marcelo D’Alessandro se vio forzado a pedir licencia “para organizar su defensa» como responsable de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
