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    Rechazan la cautelar contra el decreto que declara a la telefonía como servicio público esencial

    Este viernes, la Justicia rechazó el planteo de Telecom para suspender la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara como servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable.

    La Prestación Básica Universal (PBU) para servicios “Triple Play” que dispuso el decreto fija planes entre 150 y 700 pesos por mes para sectores vulnerables.

    El juez Walter Lara Correa fue quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta nueva norma y las resoluciones vinculadas con los aumentos de la tarifa. “Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante“, indicó el juez.

    Además, el magistrado descartó la existencia de “peligro en la demora” invocado por Telecom y, uno de los requisitos para dictar este tipo de medidas, previas a la sentencia definitiva en una demanda. Telecom, “más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía“, analizó.

    Luego remarcó que el DNU fue dictado “en oportunidad que se encontraba vigente el ‘Aislamiento social, preventivo y obligatorio’, es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC, y en ese marco ‘de crisis sanitaria y social por la pandemia coronavirus’“.

    Telecom pidió dictar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Enacom para suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20. La empresa consideró que "resultan nulos de nulidad absoluta por ser inconstitucionales".

    Al desestimar el planteo de la empresa, el magistrado advirtió que “no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal”. En tanto, añadió: “Ello es así, ya que las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a una ulterior sentencia definitiva, en la que se deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho“.

    El juez de feria al rechazó la cautelar reclamada por Telecom.

    Al responder la demanda, el Estado Nacional solicitó rechazar la medida cautelar y ratificó la “constitucionalidad” del decreto al remarcar su fin “posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad“.

    El acceso a los servicios TIC para los sectores más vulnerables se transforma en el eje central en el que girará la regulación, procurando establecer un servicio de calidad con prestaciones básicas a un precio justo al cual podrán acceder un universo de personas humanas en situaciones económicas desfavorables“, fundamentaron.

    En esa misma línea, consideraron “imprescindible el acceso a estas tecnologías para estudiar, trabajar y recrearse, por lo que otorgar parámetros claros de accesibilidad y de previsibilidad de aumentos para estos sectores resulta fundamental para cumplir con los principios fundamentales de la Constitución Nacional“.

    Por su parte, Enacom resaltó “la importancia que los servicios TIC adquirieron en la actualidad, fundamentalmente a partir de los condicionamientos a las relaciones sociales impuestas por la pandemia causada por el patógeno SARS-COVID-19, impactando en las prestaciones de esos servicios tecnológicos en todos los órdenes de la realidad social, cultural y económica de nuestra sociedad”.

    La Prestación Básica Universal (PBU) para servicios “Triple Play” que dispuso el decreto fija planes entre 150 y 700 pesos por mes para sectores vulnerables, y tiene fecha de inicio enero 2021.

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    La Prestación Básica Universal (PBU) para servicios “Triple Play” que dispuso el decreto fija planes entre 150 y 700 pesos por mes para sectores vulnerables.

    El juez Walter Lara Correa fue quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta nueva norma y las resoluciones vinculadas con los aumentos de la tarifa. “Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante“, indicó el juez.

    Además, el magistrado descartó la existencia de “peligro en la demora” invocado por Telecom y, uno de los requisitos para dictar este tipo de medidas, previas a la sentencia definitiva en una demanda. Telecom, “más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía“, analizó.

    Luego remarcó que el DNU fue dictado “en oportunidad que se encontraba vigente el ‘Aislamiento social, preventivo y obligatorio’, es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC, y en ese marco ‘de crisis sanitaria y social por la pandemia coronavirus’“.

    Telecom pidió dictar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Enacom para suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20. La empresa consideró que "resultan nulos de nulidad absoluta por ser inconstitucionales".

    Al desestimar el planteo de la empresa, el magistrado advirtió que “no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal”. En tanto, añadió: “Ello es así, ya que las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a una ulterior sentencia definitiva, en la que se deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho“.

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    El acceso a los servicios TIC para los sectores más vulnerables se transforma en el eje central en el que girará la regulación, procurando establecer un servicio de calidad con prestaciones básicas a un precio justo al cual podrán acceder un universo de personas humanas en situaciones económicas desfavorables“, fundamentaron.

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    Por su parte, Enacom resaltó “la importancia que los servicios TIC adquirieron en la actualidad, fundamentalmente a partir de los condicionamientos a las relaciones sociales impuestas por la pandemia causada por el patógeno SARS-COVID-19, impactando en las prestaciones de esos servicios tecnológicos en todos los órdenes de la realidad social, cultural y económica de nuestra sociedad”.

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