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    Seguridad refuerza las restricciones sobre el uso y tenencia de armas a policías con denuncias por violencia de género

    Mediante un Decreto publicado en el Boletín Oficial, y con el fin de generar acciones que combatan la violencia de género, el Ministerio de Seguridad reforzó las restricciones sobre el uso y tenencia de armas de fuego para el personal policial que tengan en su haber algún tipo de denuncia sobre violencia. El documento, que lleva la firma de Sabina Frederic, indica que ya en el año 2012 otra Resolución de la misma área establecía los procedimientos relativos a la prohibición, “cuando se comprobare la configuración de supuestos vinculados a violencia de género, familiar, licencias psiquiátricas y/o uso ilegítimo de la fuerza

    El documento lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

    Se explica que el esquema organizativo del Ministerio “fue modificado con motivo del dictado del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 crea la Dirección Nacional de Políticas de Género, la cual tiene por acción registrar, revisar y acompañar los procesos administrativos internos vinculados a denuncias del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales “observando las normativas vigentes del ejercicio de la profesión y el cumplimiento de los derechos, en el marco de sus competencias específicas”. 

    Reforzarán las restricciones sobre el uso y tenencia de armas para los policías que tengan denuncias de violencia de género.

    De esta manera, el personal de la mencionada Dirección será el encargado de supervisar el procedimiento y de solicitar a la “Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria” que proceda a la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación” en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar. Asimismo, se agrega que “resulta necesaria su modificación a fin de dotar de mayor eficiencia los mecanismos establecidos para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales involucrado, incorporando supuestos de aplicación que la citada normativa no contempla y estableciendo requisitos específicos para su levantamiento”. 

    Precisamente, en el ANEXO I del Documento se describe que la prohibición de la portación se realizará bajo la modalidad preventiva, “toda vez que, aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente”, y después de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género del ministerio, estas “sugieran” que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima. La restricción se podrá aplicar de manera preventiva y a los efectos de disminuir los peligros potenciales. También se expone que será obligatoria la intervención de la Junta de Reconocimientos Médicos para analizar el estado psicofísico del denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento. 

    Para garantizar “la debida perspectiva de género” la restricción será supervisada por la Dirección Nacional de Género .

    Respecto a la modalidad con medida cautelar, se detalla que “comprende este supuesto aquel en que el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”. El cual podrá realizarse en forma parcial o total. Si se trata de una restricción parcial, la prohibición será solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma, hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la medida. 

    Por otro lado, si la restricción es total, no se permitirá el acceso en ningún momento. Esto se llevará a cabo ante la valoración de un caso grave, ya sea de abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio. Cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito y también para casos de reincidencia. 

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    El documento lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

    Se explica que el esquema organizativo del Ministerio “fue modificado con motivo del dictado del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 crea la Dirección Nacional de Políticas de Género, la cual tiene por acción registrar, revisar y acompañar los procesos administrativos internos vinculados a denuncias del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales “observando las normativas vigentes del ejercicio de la profesión y el cumplimiento de los derechos, en el marco de sus competencias específicas”. 

    Reforzarán las restricciones sobre el uso y tenencia de armas para los policías que tengan denuncias de violencia de género.

    De esta manera, el personal de la mencionada Dirección será el encargado de supervisar el procedimiento y de solicitar a la “Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria” que proceda a la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación” en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar. Asimismo, se agrega que “resulta necesaria su modificación a fin de dotar de mayor eficiencia los mecanismos establecidos para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales involucrado, incorporando supuestos de aplicación que la citada normativa no contempla y estableciendo requisitos específicos para su levantamiento”. 

    Precisamente, en el ANEXO I del Documento se describe que la prohibición de la portación se realizará bajo la modalidad preventiva, “toda vez que, aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente”, y después de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género del ministerio, estas “sugieran” que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima. La restricción se podrá aplicar de manera preventiva y a los efectos de disminuir los peligros potenciales. También se expone que será obligatoria la intervención de la Junta de Reconocimientos Médicos para analizar el estado psicofísico del denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento. 

    Para garantizar “la debida perspectiva de género” la restricción será supervisada por la Dirección Nacional de Género .

    Respecto a la modalidad con medida cautelar, se detalla que “comprende este supuesto aquel en que el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”. El cual podrá realizarse en forma parcial o total. Si se trata de una restricción parcial, la prohibición será solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma, hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la medida. 

    Por otro lado, si la restricción es total, no se permitirá el acceso en ningún momento. Esto se llevará a cabo ante la valoración de un caso grave, ya sea de abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio. Cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito y también para casos de reincidencia. 

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