Finalmente este miércoles el Senado se convirtió en ley la reestrcuturación de la deuda que había sido propuesta por el gobierno. La llamada “ley de sustentabilidad de la deuda pública externa” fue aprobada por unanimidad. De esta manera el Ministerio de Economía contará con las herramientas necesarias para renegociar los términos de pago con los acreedores.
El equipo económico comandado por Martín Guzmán buscará ahora sí convencer a los acreedores de la necesidad de renegociar las condiciones para el pago de la deuda bajo legislación extranjera, estimada en U$S 140 mil millones.

La norma fue sancionada tras casi 9 horas de un debate en el que el oficialismo y la oposición se endilgaron culpas y reproches por la situación actual de la deuda. Se calcula que lo que debe actualmente el país es una cifra estimada de U$S 320 mil millones.
Según explicaron desde la bancada ofiicialista, en la gestión de Mauricio Macri la deuda creció del 52%. Mientras que desde la oposición, explicaron que la deuda externa a reestructurar corresponde a bonos emitidos en 2005 y 2010. En este sentido agregaron que la deuda que tomó la gestión anterior fue atender el déficit heredado del gobierno kirchnerista.

“En este tema de la deuda el gobierno de Mauricio Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó a razón de 10 mil millones de dólares por año, y este gobierno nos endeudó a razón de 30 mil millones de dólares por año. Y en dos años llegó al default, cuando tuvieron que recurrir al FMI”, disparó el Senador Oscar Parrilli.
En respuesta, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró: “Es mentira que hubo desendeudamiento. Entre 2005 y 2015 la deuda se incrementó en 90 mil millones de dólares”.

Si bien se generó estas discusiones en el seno de la votación, la ley se terminó aprobando por unanimidad, lo que significa todo un triunfo para el gobierno de Alberto Fernández. Cabe resaltarse que ni bien comenzó la gestión el tratamiento de la deuda se había planteado en esto términos.
Entre los puntos más importantes de la norma aprobada, se propone un marco de condiciones para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, entre ellas la prórroga de la jurisdicción de los tribunales extranjeros para la emisión de nuevo títulos. A su vez, establece que las comisiones que puedan cobrar los bancos “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente reestructurado.