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    Inicio AHORA MISMO Se declaró inconstitucional el Impuesto a la Riqueza por considerarse "confiscatorio"

    Se declaró inconstitucional el Impuesto a la Riqueza por considerarse “confiscatorio”

    La Justicia Federal de Corrientes declaró inconstitucional el tributo al alegar que no respeta la propiedad privada.

    El juez Fresneda dictó la inconstitucionalidad porque el Impuesto a la Riqueza viola “garantías y principios constitucionales”.

    El juzgado federal de Corrientes, a cargo del juez Gustavo del Corazón Fresneda, resolvió hacer lugar a la acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la AFIP. Por lo que se declaró “la inconstitucionalidad” de la aplicación al caso particular de la ley N°27.605 (y la norma reglamentaria).

    Dicha norma “exige el pago del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. El juez consideró que resulta “violatoria de las siguientes garantías y principios constitucionales: derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad (tutelados por los artículos 4, 14, 17, 33 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional); principio de razonabilidad contenido en el artículo 28; y principio de capacidad contributiva, contenido en los artículos 4, 16, 17, 28 y 33”.

    El Ministerio de Economía, dirigido en diciembre todavía por Martín Guzmán, estimó en ese entonces que el denominado impuesto a la riqueza había recaudado $247.503 millones y había sido pagado por unos 10.000 contribuyentes, todos pertenecientes al decil de mayores ingresos de la economía.

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    El fallo entiende que se trata de un tributo y no de un aporte por lo que precisa que tiene que cumplir con reglas y principios constitucionales, como respetar el derecho a la propiedad. Por medio de un peritaje, Intra demostró que el pago del aporte superaba con creces las rentas que hubiera tenido que pagar en el año. Por ende, ese pago fue confiscatorio.

    El fallo obliga además a la AFIP a abstenerse de aplicar las disposiciones emergentes de la ley 27.605; de dictar o ejecutar los actos tendientes a perseguir el cobro del Aporte por cualquier medio, y a iniciar reclamos administrativos o judiciales. Por otro lado, la Corte Suprema fijó históricamente como límite de imposición el 33% de la renta de los bienes.

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