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    Inicio AHORA MISMO Se oficializó la desclasificación de los archivos secretos del caso AMIA

    Se oficializó la desclasificación de los archivos secretos del caso AMIA

    A través del decreto 213 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado a la mutual judía AMIA, existente en la administración pública nacional, especialmente la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

    En la desclasificación se incluyen los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios relacionados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial. “Otórgase el carácter de público en los términos del inciso C del artículo 16 bis de la Ley (Nacional de inteligencia) N° 25.520 y sus modificaciones, a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos”, expresa el artículo 1 del decreto que leva la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia Marcela Losardo.

    Asimismo, se recuerda que en 2015 se dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados a la causa. Luego, en 2017, se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior. Pese a estos antecedentes, aún existen obstáculos para el pleno acceso al derecho a la información por parte de las víctimas y familiares del atentado.

    El presidente dispuso crear una mesa de diálogo en la que confluyan los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para recopilar información y efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no hayan demoras ni problemas institucionales que impidan el correcto acceso al derecho a la verdad y a la información. En cuanto a la desclasificación, se exceptúa “la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular sobre las cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros“.

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    En la desclasificación se incluyen los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios relacionados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial. “Otórgase el carácter de público en los términos del inciso C del artículo 16 bis de la Ley (Nacional de inteligencia) N° 25.520 y sus modificaciones, a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos”, expresa el artículo 1 del decreto que leva la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia Marcela Losardo.

    Asimismo, se recuerda que en 2015 se dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados a la causa. Luego, en 2017, se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior. Pese a estos antecedentes, aún existen obstáculos para el pleno acceso al derecho a la información por parte de las víctimas y familiares del atentado.

    El presidente dispuso crear una mesa de diálogo en la que confluyan los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para recopilar información y efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no hayan demoras ni problemas institucionales que impidan el correcto acceso al derecho a la verdad y a la información. En cuanto a la desclasificación, se exceptúa “la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular sobre las cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros“.

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