A través de la Resolución 47/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la entrega de más de 25.000 hectáreas a las comunidades mapuches. Asimismo, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, anticipó que irá a la Justicia para frenar la determinación del oficialismo.
El viernes pasado se concretó la cesión de 21.000 hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado y otras 3.500 a Lof Suyai Levfv, ubicado en la localidad de Los Molles, Malargüe. Desde la provincia apuntan que no está determinado si son comunidades. Incluso advierten que ni siquiera tienen personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), un requisito fundamental en el reconocimiento.
De acuerdo con el informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, dentro de estas áreas se ubican varios pozos de petróleo no convencional que forman parte del lado mendocino del yacimiento Vaca Muerta. Hay dos zonas comprometidas con la actividad petrolera: en una hay 23 pozos explotados por la empresa provincial mendocina EMESA y la otra contiene en su suelo 30 pozos de gran valor económico.
Al respecto, Rodolfo Suárez indicó que «allí se está desarrollando una inversión millonaria destinada a las actividades de exploración y producción por parte de YPF”. Además, denunció la “intencionalidad política” del Frente de Todos de “perjudicar a Mendoza. La situación es grave, no solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo y las inversiones proyectadas”.
La tensión subió luego de que el gobierno nacional emitiera una nueva resolución para oficializar otra ocupación mapuche. En este caso, se trata de Lof Limay Kurref, asentado en más de 4.000 hectáreas también en Los Molles, Malargüe, donde sí cuentan con personería jurídica. Suárez instruyó a las autoridades provinciales para que realicen los procedimientos necesarios con el fin de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales por las cuales se le otorgan tierras en el sur medocino a comunidades mapuches. Lo pidió “de manera urgente” en una nota enviada al asesor de Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet.
Planteó que los actos administrativos para entregar las tierras fueron ejecutados “sin ninguna intervención ni participación de la Provincia de Mendoza”, e insistió que “el resultado de la vigencia de los mismos afectará gravemente el patrimonio de la provincia”. Luego, diputados nacionales de Mendoza presentaron un proyecto por el cual solicitaron que el Gobierno Nacional, a través del INAI, brinde detalles sobre el reconocimiento de la ocupación de tierras.
