El juicio político a la Corte Suprema impulsado por la Casa Rosada sumó un nuevo respaldo ayer: representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes), de sectores productivos y de servicios, y profesionales de diferentes puntos del país señalaron que el procedimiento «es una instancia de la democracia y no un privilegio de impunidad».
«Hacemos un especial llamado a los legisladores a cumplir plenamente su obligación institucional y ciudadana llevando adelante los procesos e instancias establecidas para el desarrollo con plenas garantías y sin presiones extorsivas de juicios políticos claramente fundados», destacaron en una nota remitida a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
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De esta forma, enfatizaron en que «será justamente una forma de asentar la tranquilidad política y la justicia, con la convicción que nuestra Patria requiere más igualdad y no aceptar privilegios judiciales, económicos o sociales inadmisibles».
Las entidades aclararon que decidieron expresar su posición ante la presentación «de una carta abierta, dada a conocer por medios de prensa el 19 de enero en nombre de 500 empresarios y profesionales, requiriendo que los legisladores desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)».
«Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional», destacaron.
Agregan que «nos provoca una inmensa preocupación la redacción de un escrito de una minoría del empresariado y profesionales de nuestro país que incluye argumentos que desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional».
La nota esta firmada por Raúl Hutín (Central de Entidades Empresarias Nacionales – CEEN), Marisa Duarte (Instituto Argentina para el Desarrollo Económico, IADE), Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista), Francisco Dos Reis (Empresario, CEEN), y Julián Moreno ( Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios- APYME).
También lo hacieron David Selser (Confederación General de la Producción, CGP), Juan Ciolli (Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, CAPYME- CEEN), Hernán Pini (Confederación General de la Industria, CGI), Felisa Miceli (Economista, CIGES), Jorge Marchini (Economista, CEEN) y Federico Tonarelli (Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros.
En la nota afirmaron que «el respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio» y dijeron que «en países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas».
«En tal sentido, la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, se enmarca en lo preceptuado por el art. 53 de la Constitución Nacional (CN), siendo su denuncia y pedido de promoción una facultad de todo habitante de la Nación Argentina, y un deber para todo funcionario público frente a hipótesis de mal desempeño o posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», advirtieron en el texto.
