El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la AMIA. La resolución fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia y contempla embargos de US$500 millones para cada acusado.
La convocatoria reunió a dirigentes políticos, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos. Las columnas partieron desde Congreso hacia Plaza de Mayo y el documento reclamó a la CGT impulsar una nueva huelga general.