13/03/2024
"Veo una cantidad de tiempo enorme hasta que haya una definición", alertó a El Bona TV el abogado previsional Guillermo Jauregui. El conflicto por la moratoria y la informalidad laboral: "La gente quiere comer".
La pronosticada caída de la sesión de Diputados de este miércoles, donde estaba pautado el tratamiento de un proyecto de reforma de la fórmula jubilatoria en un contexto de inflación rampante y desactualización de los haberes mínimos, levantó el alerta de especialistas como el abogado previsional Guillermo Jauregui, quien advirtió que pese a las iniciativas en discusión legislativa "ningún monto es suficiente" y la preocupación se ubica ahora en el "mientras tanto" de los beneficiarios: "Veo una cantidad de tiempo enorme hasta que haya una definición".
"El problema de los jubilados es de difícil solución inmediata. El haber mínimo ahora está en $204 mil [con bono incluido]. Con la idea del gobierno de Javier Milei de dar un 23% de aumento se iría a $251 mil, que no es suficiente, y con el proyecto del diputado Miguel Ángel Pichetto se iría a $280 mil. Ninguno de esos montos conforman y satisfacen a nadie con la brutal inflación que ha ocurrido y con cómo se han deteriorado los haberes", manifestó el experto en diálogo con El Bona TV este miércoles, día en que fracasó la sesión para el debate de la reforma en la Cámara Alta.
La jornada parlamentaria iba a someter a votación "el proyecto de Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, que de hecho implicaría un incremento de 33% sobre los haberes de marzo para el mes de abril y con actualizaciones mensuales como ocurrió durante la híper, siempre según los dos meses anteriores". Sin embargo, el propio Jauregui anticipó esta mañana: "El problema con esta propuesta es que no va a conseguir quórum para su tratamiento sobre tablas. Si no juntan los 127 votos, que no los van a juntar, no va a funcionar".
En ese marco aparece como alternativa el planteo del gobierno nacional, que a través del ministro del Interior Guillermo Francos adelantó que buscará "que se integre la comisión de Previsión en donde se tendrían que discutir todos los proyectos existentes" en el Congreso. Hasta entonces, "el gobierno podría dar un aumento en abril de la mitad de la inflación de enero, que sería un 10%, más del 13% de la inflación de febrero, lo que redundaría en un 23% aproximadamente". Pero lo esencial, argumentó el abogado, es que se logre "una recomposición muy superior, y no solo un aumento mensual".
No obstante, frente a este panorama de agitación inflacionaria e incertidumbre, el problema termina por ser el "mientras tanto" para una porción tan económica y socialmente sensible como el de los jubilados: "Yo pienso que va a fracasar el proyecto de Pichetto y va a tener éxito la idea del gobierno de conformar la comisión de Previsión; ahora, te imaginás que van a tener que tratar todos los proyectos, que son varios, y después pasar al recinto... Así que acá veo una cantidad de tiempo enorme hasta que haya una definición sobre la nueva fórmula de movilidad".
"El mínimo dentro de todo ha seguido la evolución del costo de vida, y estos $204 mil que representan un poco más que 150 dólares están en línea con el haber histórico, que fue de ese monto durante muchos años. Pero los beneficiarios que cobran el mínimo son un sector, y están los jubilados que cobran menos que el mínimo, que son el sector más perjudicado. Esa gente ha tenido un achatamiento, todos los haberes inferiores al mínimo se han achatado, y no te quepa ninguna duda de que va a haber una reacción judicial. Ya hay cientos de demandas", comentó luego Jauregui.
A su vez, el especialista se refirió a la jubilación con moratoria, puesta en juicio por la voluntad del presidente Milei de convertir el haber en planes sociales. "Mucha gente sin aportes, como las amas de casa, deberían tener un sistema asistencial y no colgarse de la previsión, porque sino terminan ganando lo mismo que los aportantes que pagaron durante treinta años. Yo coincido con eso. Para mí las personas que no llegan a los requisitos de la ley tienen que ser asistidas por el Estado con otra prestación que sea inferior al mínimo de las jubilaciones, porque sino es lo mismo pagar aportes que no pagar en este país", consideró al respecto.
Sin embargo, coincidió en que "la madre de todas las batallas" es la informalidad en el mundo laboral, que actualmente afecta a alrededor de la mitad de los trabajadores argentinos: "Hay un fenómeno que se viene dando hace tiempo que es el asistencialismo que invade a la previsión. La apuesta del gobierno es: si yo hago una reforma laboral que permite incorporar más activos voy a tener más dinero para pagar a los jubilados. En este momento la relación por ahí es de 1,5 trabajadores por jubilado, y necesitamos 4 contra 1. La clave del problema es que al tener un 50% de informalidad laboral son millones de personas que no aportan y que desfinancian al sistema".
Finalmente, Jauregui se manifestó acerca de la última pata del conflicto: los empleadores que, en contra de la reglamentación legal "en blanco", no realizan los aportes correspondientes a sus empleados. "La falta del cumplimiento tiene una sanción muy grande en el momento del despido o cuando un trabajador realiza una intimación. Hay multas, que creo que ahora se quieren eliminar, pero que son un justo castigo para el empleador que no hizo los aportes", mencionó el abogado; y subrayó: "Pero igualmente hay mucha gente que acepta trabajar sin aportes porque lo que quiere es comer - no va a renunciar al empleador porque se va a quedar sin trabajo... Es un tema complejo".
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