Causa seguros: el Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández

El Gobierno nacional tomó una medida drástica al derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, en un contexto marcado por un presunto entramado de corrupción que involucra al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, su secretaria de confianza. La derogación, anunciada a través del Decreto 747/2024 publicado en el Boletín Oficial, busca revertir las irregularidades detectadas en varias contrataciones realizadas por Nación Seguros.

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Vale mencionar que el DNU 823/21, que había habilitado la posibilidad de que Nación Seguros realizara ventas de pólizas con sobreprecios a distintos organismos estatales, fue ahora anulado. El nuevo decreto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece la eliminación de varias normativas anteriores, incluyendo los decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21.

De esta manera, el artículo 1 del Decreto 747/2024 establece que se derogan los decretos mencionados, eliminando la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros provistas por el Estado. Sin embargo, el Gobierno dispuso una revisión exhaustiva de los fondos destinados a contratos y convenios actuales y pasados. Las entidades vinculadas al Estado tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Alberto Fernández había promulgado un decreto que obligaba a los ministerios y demás organismos del Estado a contratar pólizas de seguros otorgados por Nación Seguros.

El nuevo decreto también introduce medidas para prevenir futuros actos de corrupción. Se considerará que existe "ventaja, beneficio o preferencia" si se detectan criterios de selección favorables hacia una entidad en particular. Los acuerdos directos entre partes deberán ser sometidos a licitación o concurso, salvo en los casos donde el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional.

Asimismo, el decreto establece un plazo de un año para que los ministerios y organismos estatales que aún tengan pólizas vigentes bajo el DNU 823/21 finalicen estos contratos. A partir del 21 de agosto de 2025, deberán convocar a nuevos procesos de selección para garantizar la transparencia y competencia. Las entidades que deseen prorrogar contratos deberán informar su decisión a la autoridad competente. Además, el Decreto 747/2024 anula otras tres normativas promovidas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Estas normativas, las N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12, habían establecido obligaciones de pago de sueldos y contratos exclusivos con YPF y Aerolíneas Argentinas para el suministro de combustibles y transporte oficial.

En tanto, la Oficina Nacional de Contrataciones, bajo la responsabilidad del presidente Javier Milei y los funcionarios mencionados, será la encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones a partir de la entrada en vigor del decreto.

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La derogación del DNU 823/21 y la revisión de los contratos estatales responden a un intento del Gobierno por limpiar la administración de irregularidades y fomentar la transparencia. Este movimiento llega en un momento de agitación política, en el cual las acusaciones de corrupción han marcado un hito en la agenda pública y en el análisis de la gestión anterior.