De la sordina a la acción

Un paro para intentar algunos cambios. Una medida de respaldo a los jubilados buscando empatizar y que no sean víctimas de la represión. Pero a los pocos días, si no hay reacciones concretas en los ámbitos de decesiones importantes, lo del 10 de abril habrá sido una muestra más de descontento corporativo en contraposición a un intento de gestión gubernamental que, tal vez, no gusta, pero está legítimamente en su sitio y con facultades de decidir hacia donde orienta sus políticas.

Con una fuerte expectación mediática, el Gobierno y la CGT reflotaron una disputa en sordina, al poner acción a las críticas que un sector -más duro- del movimiento obrero realiza contra la gestión del Presidente Javier Milei. Y esa acción se tradujo con una jornada de protesta que inició con el acompañamiento a la movilización de los jubilados al congreso y luego el paro de 24 horas del jueves.

La pelea entre el Gobierno y la CGT viene desde el comienzo de la gestión actual. Fue en diciembre de 2023 mismo cuando la central obrera lanzó el primer paro nacional, que se llevó a cabo a finales de enero del 2024. Desde entonces, los ánimos fueron más o menos intensos, pero nunca calmos.

A las vísperas de la actual medida de fuerza el Gobierno lanzó duras críticas contra el sector gremial, intentando contribuir al descrédito de la representación laboral, fundamentalmente en cabeza de los máximos dirigentes sindicales.

Para eso comunicó que la medida de fuerza tiene un coste de 200.000 millones de pesos como perdida para el país, algo que cae como un dato importante pero tal vez poco relevante para el ciudadano de a pie, que ve resentidos sus ingresos en el correr de los meses.

Más tarde, exhibió un video en las estaciones de trenes donde instaba a los usuarios a no dejarse amedrentar frente a posibles acciones de impedimento en el servicio, y los invitaba a denunciar la situación ante una línea telefónica, el 134.

Además, la palabra oficial del vocero presidencial Manuel Adorni terminaba por darle el marco institucional que la comunicación tenía, dotándola de un nuevo episodio de pelea entre funcionarios de la gestión de Milei y los sindicalistas.

Desde la CGT no tardaron en responder: con un comunicado, la central obrera criticó al Gobierno explayándose sobre el resultado de los 15 meses de gobierno, señalando que "el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos".

La CGT acusó al Gobierno de "insensibilidad frente a los problemas de la gente" y volvió a reclamar paritarias libres, aumento de emergencia a jubilados, fin de la represión a la protesta social y rechazo a las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.

¿Quién gana?

Da la impresión de que somos observadores de una pelea de ganancia nula para todos. Una disputa donde no gana el Gobierno, aunque crea que se pone del lado de la gente que repele a sindicalistas, y tampoco ganan los trabajadores por estar frente al Gobierno de turno.

Hasta aquí, el Gobierno de Milei ha dado pocas muestras de retroceso en medidas anunciadas y mucho menos en aquellas que se llevan a cabo en el tiempo. Sin embargo, se estudia la posibilidad de una mejora de emergencia para los jubilados, algo lógico, sobre todo.

El resto de los sectores laborales no parecen tener la misma suerte. Si bien la inflación tiende a la baja, es muy cierto que los salarios no aumentan. Y una cosa está íntimamente ligada con la otra, porque con suba salarial la inflación fue alta siempre en Argentina.

¿La solución es aplanar los sueldos, entonces? Claro que no. La solución es mejorar la matriz productiva nacional y generar las condiciones para que el consumidor pueda obtener más bienes y servicios en competencia franca por calidad y precio.

Parece un enunciado teórico, pero no lo es. Obvio que para conseguirlo sería necesario que las empresas nacionales produzcan y lo hagan con nuevos estándares de competitividad, algo de lo que se quejan los empresarios que les falta en el país.

Del paro se hablará hasta el fin de semana, habrá análisis importantes por todos lados. Pero lo que verdaderamente habrá que medir son las respuestas oficiales que hubiera, en caso de que eso ocurra y en los lugares indicados para que pase.

Si en el Congreso se lograra una nueva moratoria tributaria, por ejemplo, podría inferirse que puede ser un resultado positivo de la medida de fuerza de esta semana. O si se iniciara un período de diálogo para la no privatización de las empresas, por ejemplo.

Sin embargo, hasta ahora, no parece que eso fuera posible. En especial por el carácter de la gestión que le imprime el Presidente al Gobierno, y porque desde el sector sindical la politización de la mirada está por encima de todo.