10/11/2023
Un grupo de jóvenes quedó detenido acusado de haber sido
responsable de al menos 30 amenazas de bomba realizadas en el último tiempo, dirigidas a estaciones
ferroviarias, a la Casa Rosada, al Congreso Nacional, a la Cámara Nacional
Electoral, a instituciones educativas y al búnker de Unión por la Patria en las
elecciones del 22 de octubre. Las detenciones se produjeron en el marco de una
causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
Mediante las pesquisas se pudo determinar que las amenazas
eran realizadas "a través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro
que utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una
conexión a internet. Los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de los
clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento-
nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor
postor en el mercado negro de la denominada 'deep web'. En ese ámbito, el sospechoso
luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros, utilizaba redes wifi
públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser
rastreado".
De esta manera, las detenciones fueron realizadas por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a través de la División Delitos Constitucionales, en el marco de una serie de allanamientos realizados en el conurbano bonaerense.
Asimismo,
los detenidos están acusados por las amenazas de bombas registradas en las últimas
semanas a estaciones de tren y de subte en la ciudad de Buenos Aires, como así
también a la Casa de Gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional Electoral e
instituciones educativas. También, habrían sido responsables de amenazas
recibidas por funcionarios de primera línea del Gobierno nacional, detallaron
las fuentes, que también consignaron que se trata del mismo grupo que habría
estado detrás de la amenaza de bomba recibida en el Complejo C de Chacarita donde
funcionó el búnker de Unión por la Patria en la jornada electoral del 22 de
octubre.
De acuerdo con lo informado por fuentes de la investigación,
los jóvenes serían responsables de "al menos unos 30 hechos de amenazas de
bomba" que causaron "millonarias pérdidas por la suspensión de los
servicios ferroviarios afectados".
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