26/10/2023

País

El empresario Cristiano Ratazzi fue citado por la Justicia por una causa por contrabando

El juez penal Económico Alejandro Catania citó a declaración indagatoria al dueño de Fiat Argentina Cristiano Rattazzi, y a otros empresarios, en el marco de una investigación por presunto contrabando de 45 autos de lujo, de marcas internacionales como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce.


También deberán declarar los empresarios: Gonzalo César de Marco, Claudio Javier San Pedro, Juan Ramiro Bartolome, Hugo Antonio Caviglia, Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara. Todos ellos vinculados a la concesionaria Modena Auto Sport, la importadora de autos de alta gama de Rattazzi.


Ratazzi y el resto de los empresarios fueron citados a indagatoria en sede judicial para el día 21, 23 y 27 de noviembre próximos, "Ello, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes", según indica el oficio.


La causa comenzó el año pasado contra la empresa "Modena Auto Sport SA", por violación a la ley 22.415, que establece el Código Aduanero y en la misma figura que: "En el marco de aquellos despachos, se habrían acompañado facturas, en las cuales se consignaba el valor básico de los vehículos objeto de importación, habiéndose detectado la existencia de otras facturas por montos superiores por idénticos vehículos que incluían conceptos adicionales facturados por los proveedores del exterior, que conforman el valor final de la mercadería ingresada al país".


El documento continúa detallando los pormenores de la investigación y agrega otro dato, "Asimismo, se investiga la importación de un vehículo documentada mediante un despacho de importación en el cual se habría declarado la importación de mercadería "sin uso", cuando en realidad sería usada -de acuerdo al kilometraje del vehículo-, para eludir la prohibición de importación de vehículos usados".

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La Administración Nacional de Aduanas ya había suspendido a Modena Auto Sport del Registro de Importadores y Exportadores, por presentar facturas con inconsistencias. La medida se dictó por un plazo de 45 días, luego de haber detectado maniobras fraudulentas en diversas operaciones de importación, en las que los valores indicados habrían sido superiores a los declarados en la importación al país.

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