El gobierno auditará los planes sociales y promete quitárselos a los que se manifiesten cortando calles

El nuevo gobierno hará hincapié en auditar el programa Potenciar Trabajo, en busca de irregularidades. También seguirán de cerca las investigaciones judiciales en trámite sobre este tema, como la denunciada por el fiscal federal Guillermo Marijuan quien solicitó la baja de 160 mil beneficiarios por supuestamente cobraban el plan a la vez que viajaban al exterior en cruceros y aviones.

Dirigentes que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le dejaron trascender que mantuvieron conversaciones informales con funcionarios de la nueva cartera de Capital Humano -no mencionaron nombre- y que estos les habrían asegurado: "Se va a tratar de mantener todo lo que está, en tanto y en cuanto se respete lo que el presidente Javier Milei destacó ayer en su discurso, que no haya piquetes y cortes ni irregularidades".

El dirigente peronista que habló con este medio afirmó que el mensaje que recibieron destacaba: "Los planes que están bien asignados se van a mantener".

A raíz de esta situación, en los próximos días los movimientos sociales nucleados en la UTEP (ahora opositores al gobierno) como el Movimiento Evita, Somos Barrios, Misioneros de Francisco, Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros, se reunirán para "evaluar" los "pasos a seguir" teniendo en cuenta las medidas que tome La Libertad Avanza sobre el área social, de trabajo y de la obra obra pública.

En su discurso de asunción, Javier Milei ,ya anunció que "no hay alternativa al ajuste y al shock", y alertó que "eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes". Más tarde, su portavoz declaró ante la prensa que el plan económico vendrá acompañado de una expansión del gasto social. Lo que sin dudas demuestra que intentarán hacer frente a las consecuencias de sus decisiones en el plano económico con una mayor contención a los ya golpeados sectores populares.

El gobierno de Fernández no reglamentó el Decreto 565 firmado por el ex mandatario y Massa, entre otros, y que indica que el objetivo del Gobierno Nacional es "Promover el trabajo registrado y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad social".

Además, destaca el decreto, los titulares deberán realizar capacitaciones profesionales, de formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo, o desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales, o socio-comunitarias en el marco de una Unidad Productiva que la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de auditar.

De momento no se sabe si el actual gobierno reglamentará o no ese decreto y si las organizaciones piqueteras, tanto las antes oficialistas como las que responden a la izquierda, acatarán esa premisa de dejar de manifestarse para no perder el beneficio.