El Gobierno desmantela la Línea 144 contra la violencia de género y ATE calcula 5000 despidos en el área

El gobierno ha tomado la polémica decisión de desmantelar la Línea 144, el servicio de atención y asesoramiento para mujeres en situación de violencia de género. Esta medida ha generado una ola de críticas y preocupación entre organizaciones sociales, activistas y sindicatos, que advierten sobre las graves consecuencias de esta decisión.

Los despidos en el área de políticas de género se suceden

Estos despidos implican la finalización de programas como: Línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a diversidades, Políticas de Cuidados, Igualdad y la lista sigue.

La respuesta de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado que el desmantelamiento de la Línea 144 podría resultar en el despido de aproximadamente 5 mil trabajadores que se desempeñan en el área. Hugo Godoy, secretario general de ATE, declaró: 'Es un retroceso enorme en la lucha contra la violencia de género. Estamos hablando de miles de empleos perdidos y, lo más preocupante, de miles de mujeres que se quedarán sin un recurso esencial para su protección y asesoramiento'.

La Línea 144 ha sido una herramienta vital para brindar apoyo, orientación y contención a mujeres en situaciones de violencia de género en todo el país. El servicio operaba las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una vía de ayuda crucial para quienes sufren abusos y necesitan orientación inmediata.

En respuesta al anuncio, se han convocado movilizaciones y manifestaciones en diversas ciudades del país. Organizaciones feministas y de derechos humanos exigen la inmediata reincorporación del servicio y advierten sobre los riesgos que implica dejar a miles de mujeres sin una herramienta esencial para su seguridad y bienestar.

Desde el gobierno, se justificó la medida alegando la necesidad de reestructurar y optimizar los recursos del Estado. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las críticas ni la indignación de quienes consideran que se está vulnerando un derecho fundamental.

La situación plantea un escenario de incertidumbre tanto para los trabajadores afectados como para las mujeres que dependían del servicio. La comunidad está atenta a las próximas acciones del gobierno y las posibles soluciones que puedan surgir en medio de esta controversia.