El Gobierno dicta conciliación obligatoria para evitar el paro de colectivos

El Gobierno Nacional dispuso la conciliación obligatoria por un período de 15 días para frenar el paro de 24 horas que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado para este viernes.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo tras la solicitud de tres de las cuatro cámaras empresariales del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

La resolución obliga a ambas partes a suspender cualquier medida de fuerza o represalia mientras continúan las negociaciones. El objetivo es garantizar la continuidad del transporte público y fomentar el diálogo en un marco de legalidad.

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Reclamos salariales y falta de acuerdo

El conflicto surge de la falta de actualización salarial para los choferes de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Actualmente, el sueldo básico bruto se encuentra en 1,2 millones de pesos, pero desde la UTA insisten en que es necesaria una recomposición acorde al aumento en los costos de vida.

El sindicato había expresado su descontento en un comunicado titulado "Obligados a parar", donde advirtió: "Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen", firmado por su secretario general, Roberto Fernández.

En pie de guerra. Los choferes, representados por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), reclaman mejores salarios.

Posición de las empresas y el impacto en el transporte

Desde el sector empresario reconocen la legitimidad del reclamo, pero aseguran que no cuentan con los fondos necesarios para otorgar un aumento. Argumentan que los subsidios estatales, que representan el 70% de sus ingresos, no se actualizan desde julio de 2024, y que el reciente ajuste del 17% no contempló mejoras salariales.

Además, reclaman un aumento en el precio del boleto, que actualmente tiene una tarifa mínima de $371, mientras que, según cálculos de AAETA, sin subsidios debería rondar los $1.600.

El conflicto también se relaciona con la necesidad de renovar unidades, instalar sistemas de seguridad como cámaras y el sistema ADAS para reducir accidentes viales.

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Un conflicto con impacto político

La disputa salarial se desarrolla en un contexto de tensión dentro del sindicalismo, ya que la Confederación General del Trabajo (CGT) observa de cerca el desarrollo del conflicto en relación con el paro general convocado para el 10 de abril, el tercero en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El 9 de abril, la CGT tiene previsto movilizarse al Congreso y, aunque la UTA garantizó el servicio de transporte ese día para facilitar la desconcentración, algunos dirigentes sindicales temen que un eventual acuerdo salarial con los choferes pueda debilitar la adhesión al paro general si el transporte funciona con normalidad.