Escándalo en la Bonaerense: acusan a efectivos de violencia extrema contra presos

Tres agentes de la Policía Bonaerense quedaron detenidos por orden judicial tras ser acusados de torturar a detenidos en la comisaría 2ª de Ensenada - Punta Lara. La represión se desató durante un motín ocurrido en octubre de 2024 y, según la investigación, incluyó agresiones físicas, humillaciones sexuales y la falsificación de documentos para encubrir los hechos.

El Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, bajo la supervisión del juez Eduardo Silva Pelossi, ordenó la captura de la subcomisaria Adriana Ponce y el sargento Leandro Altamiranda. Ambos fueron arrestados dentro de la misma dependencia policial. El tercer imputado, el subcomisario Ángel Barrientos, ya estaba en prisión por una condena previa por abusos en la comisaría 4ª de Berisso.

Torturas y abusos: el testimonio de las víctimas

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el episodio se desencadenó cuando los presos protestaron por sus condiciones de encierro. La respuesta de las fuerzas incluyó golpes, uso de escopetas con postas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua con gas pimienta.

Los detenidos quedaron a oscuras porque se cortó la electricidad en los calabozos. Luego, fueron obligados a atravesar un 'puente chino', un pasillo formado por agentes que los golpeaban mientras avanzaban. Tras ser reducidos, fueron desnudados, atados con precintos y apilados. 'Los efectivos continuaron golpeándolos y profirieron amenazas de muerte y agresiones sexuales', señala la denuncia.

Entre los abusos denunciados, los imputados habrían utilizado tonfas para frotarlas en las zonas íntimas de los presos y simular actos de penetración. La brutalidad quedó documentada en los informes de los organismos de derechos humanos.

Falsificación de actas y encubrimiento policial

Los imputados también enfrentan cargos por falsedad ideológica. Según la causa, los efectivos alteraron el acta oficial del operativo para justificar el accionar represivo. En el documento falsificado, sostuvieron que los internos intentaron fugarse, estaban armados y habían iniciado una pelea entre ellos. Sin embargo, los informes médicos y los testimonios desmintieron esa versión.

La fiscalía, encabezada por Gonzalo Petit Bosnic, consideró que estos elementos fueron claves para ordenar la detención de los oficiales involucrados.

Antecedentes de violencia en comisarías bonaerenses

La CPM advirtió que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una 'práctica sistemática de tortura en lugares de encierro' de la provincia de Buenos Aires. La misma dependencia policial ya había sido denunciada por hechos similares en 2019.

Otros antecedentes incluyen la comisaría 3ª de La Tablada, donde 14 agentes fueron condenados por torturas ocurridas entre 2019 y 2020, y la comisaría de Domselaar, con un caso de 2015 cuyo juicio aún no se realizó.

El caso de Ángel Barrientos refuerza estas sospechas. En diciembre de 2024, el subcomisario fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por severidades, vejaciones y falsificación de actas en una represión ocurrida en 2018 en Berisso.

La CPM criticó la falta de controles internos en el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso. Según el organismo, permitir que un efectivo con antecedentes continúe en funciones demuestra una falla estructural en la supervisión de la policía.