El Gobierno disolvió tres fondos fiduciarios públicos para optimizar la gestión de recursos

A través del Decreto 6/2025, el Gobierno nacional oficializó la disolución de tres importantes fondos fiduciarios públicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales y dar un giro a la gestión de áreas clave. Esta medida, que afecta a los fondos destinados al Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), al Servicio Universal y a la Vivienda Social, responde tanto a la finalización de sus objetivos iniciales como a irregularidades detectadas en su administración.

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Según los detalles del decreto, la decisión de eliminar estos fondos obedece a la conclusión de sus objetivos fundamentales o a la existencia de fallas administrativas, detectadas a través de auditorías oficiales realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La disolución tiene implicaciones significativas en sectores como la producción rural, la conectividad y la vivienda social.

El Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF) ha sido uno de los principales vehículos de financiamiento para pequeños y medianos productores rurales, facilitando el acceso a créditos. Sin embargo, según lo informado por el Ministerio de Economía, la función del PRODAF ha quedado cumplida, ya que los objetivos que perseguía, en términos de inclusión financiera para el sector rural, se han alcanzado.

La medida responde a informes que revelaron irregularidades y falta de continuidad en los objetivos de estos programas.

El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado para garantizar el acceso de toda la población a servicios de telecomunicaciones e internet (TIC), también será disuelto. Este fondo será sustituido por nuevos mecanismos alternativos que continuarán con la política pública de conectividad universal, asegurando que la iniciativa de incluir a los sectores más alejados del país en el acceso a la tecnología siga siendo una prioridad para el Gobierno.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que financió importantes proyectos como "Casa Propia" y "Reconstruir", también será liquidado. Según el decreto, se han detectado serias irregularidades en la ejecución de algunos de estos proyectos, con falta de rendición de cuentas y obras inconclusas. La SIGEN informó que varios de los proyectos de estos programas no contaban con la debida justificación ni con la rendición final correspondiente.

"El Gobierno no puede tolerar que recursos públicos destinados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos no sean correctamente administrados. Es esencial que los programas de vivienda, que buscan cubrir una de las necesidades más urgentes de la población, estén plenamente auditados y sean transparentes en su ejecución", afirma el texto del decreto.

A pesar de la disolución de estos fondos, el decreto establece que los fiduciarios encargados de su administración seguirán con la tarea de liquidar los recursos de acuerdo con la normativa vigente. El proceso de liquidación será supervisado de cerca por la SIGEN, para garantizar que no haya desvíos y que los fondos se distribuyan conforme a las disposiciones legales.

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Uno de los elementos claves que motivaron esta disolución fue un informe de la SIGEN, que evidenció irregularidades dentro del Fondo del Servicio Universal, particularmente en proyectos que, aunque ya estaban en ejecución, no contaban con la debida justificación o instrumentos legales que avalaran su prórroga. En algunos casos, se encontraron proyectos cuya inclusión no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa.

Además, el informe apuntó a la falta de rendición final en varias obras dentro de los programas de vivienda. "Se verificaron obras culminadas que no cuentan con la rendición final por parte de los entes ejecutores", sostiene el decreto.

El Gobierno defendió la disolución de estos fondos haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley 27.742, que permite modificar o disolver fondos fiduciarios públicos cuando se considera que su continuidad no está justificada o ya no responde a las necesidades del contexto. Esta ley otorga al Ejecutivo un amplio margen de maniobra para reformular la asignación de recursos y optimizar la gestión pública.

Con esta medida, el Gobierno ratifica su compromiso con una administración más eficiente y con la necesidad de priorizar proyectos que se ajusten a los estándares de transparencia y eficacia en el uso de los fondos públicos. La disolución de estos fondos refleja un esfuerzo por corregir desviaciones pasadas y garantizar que los recursos lleguen de manera más directa y eficiente a los sectores que más lo necesitan.