31/12/2024
Entre los principales cambios, establecieron prohibiciones para realizar designaciones, fijaron la duración máxima de los contratos y confirmaron que todo empleado deberá acreditar la aprobación del examen de competencia.
En una de las últimas medidas de 2024, el Gobierno nacional formalizó un cambio significativo en el régimen de contrataciones para el sector público, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir los gastos estatales. A través de la publicación de los decretos 1148/2024 y 1149/2024 en el Boletín Oficial, se impusieron nuevas restricciones sobre las designaciones y los contratos de personal en la administración pública.
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El decreto 1148/2024 establece que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, bajo la administración financiera y los sistemas de control, no podrán realizar nuevas designaciones ni contrataciones de personal en ninguna de sus modalidades. Esta prohibición abarca una amplia gama de situaciones, desde designaciones a término hasta contrataciones por tiempo indeterminado, parcial o eventual, e incluso las relacionadas con servicios profesionales autónomos.
Sin embargo, existen algunas excepciones a estas restricciones. Las designaciones en áreas clave como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, y el personal de Guardaparques, entre otros, quedan exentas. También se exceptúan las coberturas transitorias en unidades organizativas específicas y algunas designaciones dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Entre los principales cambios, establecieron prohibiciones para realizar designaciones, fijaron la duración máxima de los contratos y confirmaron que todo empleado deberá acreditar la aprobación del examen de competencia.
El nuevo marco también introduce una medida clave: cada jurisdicción podrá realizar una nueva contratación solo por cada tres bajas de personal que se registren, independientemente de su causa. Además, el proceso de validación de estas designaciones estará a cargo de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que formará parte del control y supervisión de los nuevos contratos.
En el marco de la reforma, el Gobierno también ha puesto en marcha un requisito importante: los empleados del sector público deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, programada para diciembre de 2024. Este examen se convierte en un criterio obligatorio para aquellos que deseen ser contratados en el sector público en 2025. Quienes no aprueben la evaluación no podrán ser contratados en el Ejercicio 2025 por períodos que excedan el 31 de marzo del próximo año.
Otro aspecto relevante de las nuevas regulaciones es la limitación de la duración de los contratos. Según el decreto 1149/2024, los contratos para el personal del sector público que comiencen a partir del 1° de enero de 2025 no podrán exceder los seis meses de duración. Esta medida busca establecer un límite temporal claro para las contrataciones y evitar la perpetuación de vínculos laborales de corta duración.
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Estas modificaciones, explicadas en los considerandos de los decretos, están enmarcadas dentro de la política del Gobierno para hacer frente a la "emergencia pública" y al mismo tiempo optimizar los recursos del Estado. De acuerdo con los lineamientos del Ejecutivo, la implementación de estas medidas tiene como objetivo garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos y reducir el gasto en personal.
Asimismo, las empresas y organizaciones en las que el Estado tenga participación mayoritaria deberán seguir criterios similares a los establecidos para el sector público, a fin de alinear el funcionamiento del Estado con estas nuevas directrices de eficiencia y austeridad.
Con estas nuevas regulaciones, el Gobierno busca garantizar que el sistema público de contrataciones sea más eficiente, transparente y orientado a la optimización de los recursos, a la vez que establece medidas para evaluar las capacidades de los empleados públicos antes de su contratación.
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