El gobierno evalúa recortar los subsidios a las obras sociales sindicales y la CGT encendió las alarmas

Menos de un mes después del paro general y marcha al Congreso organizados por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24 de enero último, el gobierno de Javier Milei prepara un avance contra la influencia de los gremios en el sistema de salud y analiza un recorte en el reparto de fondos a las obras sociales sindicales a cargo de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), donde días atrás fue removido de forma imprevista el dirigente macrista Enrique Rodríguez Chiantore, que contaba con el visto bueno de las agrupaciones, para ser reemplazado por Gabriel Oriolo.

En rigor, la administración de La Libertad Avanza requirió a las organizaciones obreras "la elaboración de un informe de los fondos" que reciben por parte del Estado para la subvención de las obras sociales. Sin embargo, la medida ya puso en alerta a la CGT en el marco del programa de quita de subsidios impulsado por el gobierno y su intención de "correr a los intermediarios" entre los aportes estatales y sus beneficiarios, tal como sucedió en otras áreas de la asistencia social pública. El argumento de la gestión mileísta es la intención de que los planes de ayuda alcancen directamente a quienes los necesitan.

Frente a ello, la caja que representa el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) significa en la práctica un verdadero tesoro para los sindicatos. Allí van a parar los aportes obligatorios retenidos mensualmente a todos los trabajadores registrados a la hora de cobrar sus salarios. Además, a través de este depósito se financian servicios de transporte y educación para discapacitados, entre otros elementos, que el gobierno nacional también buscaría recortar. En vistas de ello, la CGT ya ha encendido las alertas y se preparan para enfrentar la iniciativa.

Al respecto, el secretario de Acción Social de la agrupación José Luis Lingeri expresó en declaraciones a los medios que en 2023 el entonces presidente Alberto Fernández se había comprometido a entregar $132.000 millones para solventar los gastos adicionales de las obras sociales sindicales; no obstante, el desembolso solo se completó parcialmente, con $70.000 millones provistos en enero. Desde entonces no ha habido más noticias, por lo que los gremios reclaman un faltante de $62.000 millones. "El panorama es muy incierto", precisó el dirigente.

Por su parte, en los últimos días se manifestó a favor de estos lineamientos el asesor del gobierno Federico Sturzenegger, autor del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Milei e ideólogo de buena parte de los proyectos de gobierno, también de aquellos contemplados en la "Ley Ómnibus". El economista, hoy funcionario del gobierno al frente de una "Unidad Transitoria para la Desregulación Económica", condenó la existencia de un "status quo" en la Argentina "que creó un sistema para extraer rentas a su favor".

"El partido peronista es un partido conservador, de grupos de interés que buscan apropiarse de la renta del resto de la sociedad. No podemos normalizar cosas como que los sindicatos se lleven 4% o 4,5% del salario de un trabajador; o que comprar ropa sea algo de lo más caro del mundo; o en la pesca, donde hay pocos jugadores que pagan pocas regalías. ¿Cómo cambiarlo? Si controlan los medios, las calles y el Congreso a través del lobby, una posibilidad es empobrecer a los grupos de interés, drenarle los recursos: si lo hacés tenés una chance de ganarles. La desregulación es un programa político para cambiar la estructura de poder y hacia dónde van los recursos. Si no, se apropian del salario, particularmente del de los pobres", remarcó.