17/12/2024
El decreto 1096/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, es el último del paquete normativo que apuesta por reformar el sistema de rendición de gastos de las casas de altos estudios nacionales.
El Gobierno nacional ha modificado recientemente el régimen de contratación en la Administración Pública con el fin de garantizar una mayor transparencia y un control más efectivo de los recursos. Esta reforma fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 1096/2024, el cual establece importantes cambios en los procedimientos de contratación directa.
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El principal ajuste introducido en este decreto es la modificación del artículo 14, que regulaba la procedencia de la contratación directa. En este sentido, se eliminó un apartado clave que permitía que ciertas contrataciones se realizasen mediante compulsa abreviada o adjudicación simple, particularmente en el caso de procedimientos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social.
El nuevo decreto también introduce mejoras en la publicidad de los procesos de contratación. Ahora, las convocatorias a presentar ofertas deben ser divulgadas, al menos, a través de tres canales. Dependiendo del tipo de contratación, los procedimientos deberán incluir invitaciones a, por lo menos, tres proveedores, con un plazo mínimo de tres días hábiles antes de la apertura de ofertas o de la fecha de vencimiento del plazo establecido para su presentación. Asimismo, las convocatorias deberán ser publicadas en los sitios web oficiales correspondientes.
Además, se derogaron los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento previo, que establecían normas sobre la adjudicación simple de contratos con universidades nacionales y organizaciones de la economía social. Este cambio es parte de una serie de reformas que buscan mejorar la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.
Esta modificación es la cuarta en un paquete de reformas que el Gobierno nacional ha impulsado para regular la contratación y el gasto de las universidades y organizaciones de la economía social. Los primeros tres decretos, que fueron publicados a finales de la semana pasada, establecen la obligatoriedad de utilizar sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para gestionar las contrataciones, y restringen el uso de "convenios interadministrativos" con cooperativas o entes públicos que no estén sujetos a los controles del Estado.
Si bien estos cambios generaron un amplio debate, las autoridades gubernamentales aseguran que están abiertas al diálogo y no han establecido plazos rígidos para su implementación. "Queremos el diálogo", afirmaron fuentes oficiales, señalando que la modificación busca mejorar la transparencia en un contexto donde las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) han revelado irregularidades en unos 2.400 convenios, muchos de ellos con montos millonarios.
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La reforma de los procedimientos de contratación refleja el interés del Gobierno por avanzar hacia una mayor eficiencia y fiscalización en el uso de los recursos públicos, en un escenario donde la transparencia es clave ante las crecientes demandas de rendición de cuentas por parte de la sociedad.
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