18/01/2024
La ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, se juntó con su par de la Ciudad de Buenos Aires,
Waldo Wolff, y coincidieron en la visión sobre los extranjeros que residen en
la Argentina y que cometen delitos. Para ambos funcionarios, deben ser
expulsados del país.
"En caso de haber personas que
usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la
Argentina, la Justicia debería proceder
a echarlos del país de manera inmediata. El que viene a usurpar, a
matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga
una residencia permanente. Esa es una
medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata", expresó Bullrich al
respecto. "Hay distintos status de extranjero, el que tiene la residencia
temporal y está a prueba está en discusión. El
extranjero que está a prueba y comete un delito se tiene que ir, entendemos
que elevando las penas a aquellos que vienen a delinquir estamos protegiendo a
los porteños", reforzó Wolff.
El funcionario porteño considera
que hay "grupos organizados de países limítrofes que se organizan para venir a
delinquir". Aseguró también que según las estadísticas que maneja la Ciudad, el
40% de los asesinatos perpetrados en su jurisdicción "fueron cometidos por
extranjeros. Es un indicio que nuestra legislación es laxa para aquellos
extranjeros que con irregularidad delinquen, esto no pasa en la enorme mayoría
de democracias en el mundo".
Recientemente, desde CABA
reclamaron que se acelere la expulsión de delincuentes extranjeros. Por lo que
solicitaron que se reponga un decreto firmado en 2017, durante el Gobierno de
Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de
Seguridad. Luego de un hecho delictivo en el distrito porteño, el jefe
de Gobierno Jorge Macri escribió en las redes sociales que "hay que expulsar a
los extranjeros sin ciudadanía que delinquen". "Vamos a trabajar para restituir
el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos
extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden", le contestó Wolff.
Cabe mencionar que en enero de
2017, Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley
de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene "la
prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los
no nacionales", se había creado un "procedimiento
migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar a
delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento radicó en "la
duración de los procesos administrativos y judiciales" y en el incremento de
personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario
que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al
analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de
inmigrantes subía al 33% en aquel año.
De todas maneras, el decreto fue
derogado por el Gobierno de Alberto Fernández, en 2021, porque el DNU de Macri
había modificado "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan
irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema
internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe
mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con
asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del
poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con
la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las
causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación
familiar y dispensa por razones humanitarias".
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