El Gobierno obligará a los presos a realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso que los presos que no tengan ninguna ocupación estarán obligados a realizar tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios propios y comunes dentro de las instalaciones carcelarias. Además, la normativa limita a un máximo del 5% de la población carcelaria la percepción de una remuneración por la realización de las tareas de mantenimiento.

De esta manera, las tareas asignadas a los reos incluyen el mantenimiento de celdas, pabellones y áreas comunes, exigirán una jornada mínima de ocho horas diarias. En tanto, para quienes reciban una remuneración, el pago no estará vinculado al salario mínimo, vital y móvil, sino que se regirá por lo estipulado en el artículo 121 de la Ley 24.660 y se distribuirá entre los internos seleccionados, aunque la resolución advierte que la remuneración podría suspenderse si se supera el porcentaje establecido de participación.

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Por otro lado, la medida no altera la obligación preexistente de todos los internos de contribuir al mantenimiento de los espacios penitenciarios. Desde el 16 de diciembre de 2024, el Ministerio de Seguridad había determinado que estas tareas forman parte del régimen de convivencia en las cárceles, independientemente de si los internos reciben o no una contraprestación económica.

La normativa limita a un 5% a la población carcelaria que puede percibir remuneración para realizar ese tipo de actividades.

Según datos del SPF, a diciembre de 2024, de los 11.728 internos alojados, el 66% (7.545) percibía un incentivo económico. Sin embargo, solo 2.922 realizaban actividades productivas orientadas a la reinserción, como talleres de carpintería, herrería o costura, mientras que 4.623 cobraban por tareas de mantenimiento, muchas veces sin cumplirlas efectivamente.

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El Gobierno argumenta que esta situación reflejaba un uso inadecuado de los recursos públicos. Durante 2024, el Ente de Cooperación Penitenciaria (Encope) destinó más de $19.300 millones a remuneraciones, de los cuales el 60% se asignó a tareas no productivas. Esta práctica, según la resolución, transformó el peculio en una forma de asistencialismo que desincentivaba la capacitación y el desarrollo de habilidades laborales.