El Gobierno prohíbe nuevas contrataciones en el sector público y establece nuevas reglas para el empleo estatal

En un nuevo paso hacia la reducción del gasto público, el gobierno nacional ha anunciado la prohibición de nuevas contrataciones para el sector público, una medida que busca seguir achicando el tamaño del Estado. Este decreto se suma a las 36.000 cesantías de empleados públicos ocurridas en 2024, como parte de una estrategia de reestructuración administrativa.

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A través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial de fin de año, el gobierno formalizó nuevas directrices para el empleo estatal, las cuales entrarán en vigencia a partir de ahora. Firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, los nuevos lineamientos prohíben de manera generalizada la incorporación de nuevos empleados al sector público.

La medida establece que no se podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal en ninguna de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional, afectando tanto a los cargos permanentes como a los contratos temporales, incluyendo los regidos por el contrato 1.109 (para monotributistas).

Además, Javier Milei estableció la duración máxima de los contratos.

Sin embargo, se establecieron excepciones para ciertos sectores, como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las universidades, el Servicio Exterior de la Nación, y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, entre otros. También se incorporó una regla conocida como "3x1", que implica que para cada nuevo alta, deberán darse tres bajas de personal, independientemente de la causa.

Además, los nuevos ingresos al sector público estarán sujetos a la aprobación de un examen de idoneidad. Este examen, denominado Evaluación General de Conocimientos y Competencias, deberá ser aprobado por los postulantes antes de diciembre de 2024. Las contrataciones, por su parte, no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025.

La medida busca continuar con el proceso de recorte de personal que ya dejó a miles de trabajadores fuera del sector público. De acuerdo con los informes oficiales, 21.408 personas fueron desvinculadas de la administración centralizada y descentralizada, 2.577 trabajadores fueron despedidos de las fuerzas militares y de seguridad, y 11.951 empleados de empresas del Estado también perdieron sus empleos en 2024.

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El ministro Sturzenegger celebró los recortes, asegurando que menos empleados públicos se traducen en menos impuestos, lo que permitiría un mayor flujo de recursos al sector privado. "Es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños", afirmó.

Por otro lado, en diciembre también se produjeron más despidos, con unos 2.200 trabajadores removidos del Ministerio de Justicia, muchos de ellos vinculados a contratos considerados precarios, y otros 100 empleados de la Defensoría del Público, un organismo creado por la Ley de Medios que el Ejecutivo ha expresado su intención de eliminar.

Con esta nueva reglamentación, el gobierno continúa avanzando en su política de ajuste fiscal y optimización del aparato estatal, mientras que sectores políticos y sindicales siguen alertando sobre el impacto social de estas decisiones.