El Gobierno reglamentó la Ley Bases, focalizando en las privatizaciones y el empleo público

Más de un mes después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei reglamentó el primer tramo de la Ley Bases, marcando el inicio de una serie de reformas estructurales que incluyen privatizaciones, reorganización del Estado y cambios en el empleo público. La nueva normativa autoriza al Ejecutivo a realizar una reestructuración significativa en la administración pública. De acuerdo con el texto aprobado, el Gobierno podrá reducir la estructura estatal con el objetivo de achicar el déficit de las cuentas públicas. Esto implica la posibilidad de modificar, eliminar, reorganizar, fusionar o transferir a las provincias la gestión de organismos descentralizados, excluyendo a universidades nacionales y órganos del poder judicial o legislativo. Entre los organismos que no se verán afectados por estas medidas se encuentran el CONICET, la ANMAT, el ENACOM y el INCAA, entre otros.

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Además, la reglamentación permite al Gobierno modificar o disolver fondos fiduciarios, con la excepción del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Cabe mencionar que en cuanto a las privatizaciones, el Ejecutivo sufrió diversas modificaciones en su propuesta original. De las 41 empresas inicialmente presentadas, la Cámara de Diputados aprobó que seis sean privatizadas y otras dos cambien su estructura. Las empresas ENARSA e Intercargo serán privatizadas en su totalidad, mientras que Aysa, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse) y Corredores Viales podrán ser privatizadas o entregadas en concesión. Por otro lado, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) deberán adoptar un esquema de propiedad privada con acciones colocadas, manteniendo una participación mayoritaria del Estado.

Pese a la aprobación legislativa, el proceso de privatización no será inmediato. La Ley Bases estipula que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar un examen de cada proceso de privatización, evaluando aspectos legales y financieros antes de avanzar. Otro aspecto relevante de la reglamentación es la reducción del empleo público. El Gobierno podrá mantener solo la "dotación óptima necesaria" y parte del personal podría quedar "en situación de disponibilidad" por un período máximo de 12 meses. La normativa asegura que los empleados tendrán derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa y que las vacantes se cubrirán mediante sistemas de selección basados en antecedentes, méritos y aptitudes.

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En tanto, el Ejecutivo tendrá la facultad de renegociar o rescindir contratos de obra pública y concesiones celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, siempre que los montos superen los diez millones de módulos. No obstante, los contratos en ejecución física del 80% o con financiamiento internacional deberán continuar, con un plazo de 90 días para la firma de acuerdos entre contratante y contratista.