El médico que trató a Maradona en el 2000 cuestionó la internación domiciliaria: "Fue arriesgada"

En el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, un médico que conoció de cerca al exjugador y lo trató en momentos críticos de salud declaró este martes en la novena audiencia.

Se trata de Mario Schiter, especialista en terapia intensiva, quien viajó desde Madrid para realizar su declaración. Fue convocado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, donde expresó que, por su estado clínico, "Maradona no estaba en condiciones de afrontar una internación domiciliaria".

Aseguró que el astro "era un paciente muy arriesgado" para ser atendido en su casa tras la cirugía que se le realizó en 2020.

Dado el historial médico complejo del exfutbolista, incluyendo problemas cardíacos y otras comorbilidades, no era adecuado trasladarlo a una casa tras su operación por un hematoma subdural.

En su opinión, Maradona debió haber sido derivado a un centro de rehabilitación, un entorno más controlado y protegido.

Schiter destacó que la decisión de optar por la internación domiciliaria, tomada por el equipo médico liderado por Leopoldo Luque y apoyada por la familia, no contó con su aval, ya que él había sugerido una alternativa diferente basada en su experiencia previa con el paciente.

Además, señaló que la falta de equipamiento adecuado, como aparatología cardíaca, en el domicilio de Tigre agravó el riesgo para un paciente de las características de Maradona.

Schiter no volvió a tener contacto con el exfutbolista hasta el día de su muerte, cuando Claudia Villafañe (63) lo llamó para que actuara como veedor en la autopsia.

Cabe recordar que los fiscales aseguran que los siete profesionales que estaban encargados de cuidar al exfutbolista y que fueron imputados en el proceso, el neurocirujano que supervisó la operación en el cráneo, una psiquiatra, un psicólogo, médicos y enfermeros, actuaron con negligencia al no brindarle la atención adecuada, lo que habría desembocado en su muerte. Esto durante el juicio que encabeza un tribunal del municipio bonaerense de San Isidro.

A los acusados, que han negado los cargos, les podría caer una pena máxima de 25 años de prisión.

Está previsto que el juicio transcurra hasta mediados de año.