El peronismo disidente presentará su propio proyecto sobre la Ley de Alquileres

Juntos por el Cambio mantiene la esperanza de sancionar en breve las modificaciones a la Ley de Alquileres, aunque esa opción parece ir desapareciendo. El Frente de Todos planteó ya que no acompañará si no se aceptan cambios al proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados y se supo también que el bloque de Unidad Federal tampoco lo hará.

Cabe mencionar que Unidad Federal es un bloque de senadores definido como "peronista y antigrieta", representado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos "Camau" Espínola y María Eugenia Catalfamo. Se le suma la senadora Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti.

Debido a que ninguno de los dos bloques mayoritarios tiene el número necesario para lograr el quórum, los legisladores de Unidad Federal son indispensables para habilitar las sesiones y aprobar proyectos, motivo por el cual, Juntos por el Cambio entabló conversaciones para sumar esas voluntades.

Trascendió que en las próximas horas estará ingresando al Senado un nuevo proyecto de ley que consideran que "es una propuesta superadora" a la que llegó de Diputados por media sanción. Es que, según los senadores de Unión Federal, al proyecto de Juntos por el Cambio aprobado en Diputados "le falta equilibrio, favorece solo a los propietarios y somete a quienes necesitan alquilar".

En la actualidad, las partes están negociando la continuidad de las comisiones en donde se estableció la posibilidad de invitar a diferentes organizaciones, asociaciones de inquilinos y martilleros a exponer. Asimismo, Juntos por el Cambio organizó un encuentro en el que juntó a distintos representantes del sector, principalmente de las inmobiliarias, y que en su gran mayoría abogó por una pronta aprobación del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Ese proyecto reforma la norma aprobada en 2019, y establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes. Dispone que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al comienzo de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

Frente de Todos criticó varios aspectos de ese proyecto, particularmente, apuntaron a que no diferencia los alquileres para vivienda de los alquileres comerciales, en donde sostienen que no hay conflictividad. Además, la crítica más importante radica en los plazos de actualización, los índices que se podrían tomar y que queda en potestad del propietario exigir el pago de varios meses de alquiler por adelantado.