El proyecto de reforma previsional del Banco Provincia avanza en Diputados, a pesar del rechazo opositor

Este lunes, la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense dio dictamen favorable al proyecto de reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. La iniciativa, que busca modificar el sistema previsional vigente y restaurar beneficios perdidos bajo la gestión de María Eugenia Vidal, ahora avanzará a la próxima sesión para su tratamiento final.

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La propuesta, que ya fue aprobada en el Senado el 14 de noviembre, es parte de un acuerdo con el gremio La Bancaria y tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia. El proyecto fue aprobado por la bancada oficialista con el respaldo de algunos legisladores de la oposición moderada, como Gustavo Cuervo y Martín Rozas del bloque Unión Renovación y Fe. Sin embargo, se espera que los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR rechacen la reforma en el recinto.

El principal cambio que propone el proyecto es la restauración del haber jubilatorio al 82%, nivel que había sido reducido al 75% durante el gobierno de Vidal. Para reducir el déficit de la Caja, la reforma establece aumentos en los aportes de los afiliados: un 16% para los activos y un 12% para los pasivos. Además, el Banco Provincia deberá incrementar sus contribuciones, que podrían llegar hasta un 21%. Los nuevos ingresantes al sistema también enfrentarán un régimen con aportes personales del 19%.

El proyecto, girado por el gobernador, deroga los cambios al régimen previsional hechos en la gestión de María Eugenia Vidal para achicar el déficit de la caja. Se incluirá en el temario de la sesión en Diputados del próximo jueves.

Otro aspecto clave de la reforma es la asignación de una partida presupuestaria provincial para cubrir eventuales déficits y garantizar la estabilidad financiera del sistema previsional a largo plazo. Esta medida tiene como objetivo restablecer el rol del Estado como garante de los fondos y asegurar que los jubilados y pensionados del Banco Provincia mantengan sus derechos.

El proyecto llega después de una serie de demandas judiciales y cuestionamientos a la Ley 15.008, sancionada durante el mandato de Vidal, que había sido impugnada por los trabajadores del Banco Provincia y La Bancaria, quienes denunciaron que dicha normativa afectaba derechos adquiridos y cuestionaban su constitucionalidad. Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 41, que establecía un cálculo de los haberes jubilatorios conforme a la normativa nacional, a pesar de que la Provincia tiene su propia legislación en la materia.

Frente a las cautelares presentadas por los afectados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instó a una solución política para corregir las irregularidades planteadas, lo que motivó la presentación de este nuevo proyecto.

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A pesar del respaldo obtenido en la comisión, el camino hacia la sanción definitiva no está exento de controversias. Los bloques opositores han manifestado su rechazo, señalando irregularidades en el tratamiento del proyecto en el Senado. Denunciaron que la votación en la Cámara alta no cumplió con los procedimientos legislativos establecidos, y cuestionaron que el proyecto no pasó por todas las comisiones necesarias, como la de Trabajo y Legislación Social, lo que consideran una grave violación del reglamento parlamentario.

Los legisladores opositores también advirtieron que el proyecto no debió ser incluido en el orden del día sin contar con la mayoría agravada, es decir, los dos tercios de los presentes en la sesión. A pesar de estos cuestionamientos, el oficialismo avanzó con la media sanción y se espera que el proyecto sea finalmente aprobado en Diputados el próximo jueves, en una votación que podría reflejar el mismo resultado que en el Senado.

En medio de este panorama, el Gobierno de Kicillof continúa defendiendo la reforma como una solución a los problemas financieros del Banco Provincia, mientras la oposición mantiene firme su postura en contra, buscando que se cumplan los procedimientos legislativos establecidos.