Elecciones clave en Estados Unidos: Trump frente a su futuro legal

Este martes 5 de noviembre, los votantes estadounidenses decidirán si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, en una elección marcada por tensiones legales que podrían cambiar el rumbo de la política del país. En caso de ser electo, el magnate se convertiría en el primer presidente condenado en la historia de Estados Unidos, con su sentencia programada para el 26 de noviembre.

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El juez Juan Merchan fijó esta fecha tras un veredicto que encontró a Trump culpable de 34 cargos relacionados con la falsificación de documentos de campaña para encubrir un pago de dinero a la ex actriz porno Stormy Daniels. Este pago tenía como objetivo silenciar un supuesto escándalo antes de las elecciones de 2016, y la sentencia había sido postergada varias veces, inicialmente prevista para julio y luego para septiembre.

A pesar de la gravedad del caso, los seguidores de Trump parecen no estar preocupados. La Constitución estadounidense no prohíbe a un individuo procesado, o incluso condenado, asumir la presidencia, lo que plantea la posibilidad de que Trump pudiera gobernar desde la prisión si se diera ese escenario.

El 26 de noviembre el juez Juan Merchan deberá emitir la condena contra el magnate republicano tras ser hallado culpable de falsificar registros para encubrir un escándalo sexual.

El juez Merchan tendrá que decidir qué pena imponerle, que podría variar desde una multa hasta una pena de prisión de hasta cuatro años. Sin embargo, es probable que opte por una sentencia más ligera, como libertad condicional, lo que ha generado especulaciones sobre si el resultado electoral influirá en su decisión.

La imagen de un presidente con un uniforme de presidiario puede parecer lejana, dado el clima polarizado en el que se encuentran los Estados Unidos, especialmente tras los recientes ataques contra Trump durante su campaña. Aunque no hay precedentes de un presidente gobernando desde prisión, en 1920, el candidato socialista Eugene Debs obtuvo el 6% de los votos mientras cumplía una condena por sedición.

Los antecedentes penales de Trump no han obstaculizado su candidatura; la Constitución establece requisitos mínimos para ser presidente: tener al menos 35 años y ser ciudadano por nacimiento que haya residido en el país durante al menos 14 años. No menciona prohibiciones por antecedentes penales.

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La eventualidad de que Trump sea condenado podría desencadenar una crisis legal sin precedentes. Los expertos sugieren que su destitución no sería sencilla, ya que requeriría que su vicepresidente y una mayoría del gabinete lo declaren incapaz de ejercer su cargo. En tal caso, podría surgir una demanda argumentando que su encarcelamiento le impediría cumplir con sus responsabilidades como presidente.

Otra opción sería que el gobernador de Nueva York, donde se produjeron los delitos, optara por indultarlo. La Corte Suprema tendría la última palabra en estos asuntos. Además, existe la posibilidad de que un fiscal general nombrado por Trump retire los cargos federales en su contra.

A medida que se acercan las elecciones, se especula que si Trump gana, muchos de los casos penales federales podrían ser desestimados, y los cargos estatales quedarían en suspenso hasta el final de su mandato. Por el contrario, si pierde, la amenaza de encarcelamiento se intensificaría, especialmente con otros casos legales pendientes, incluidos los relacionados con el asalto al Capitolio y la retención de documentos clasificados tras su mandato.

Habrá que esperar los resultados de las elecciones del 5 de noviembre y, posteriormente, la sentencia programada para finales de mes, que podría definir no solo el futuro de Trump, sino también el del país.