Entre Ríos demandó a la Nación por la energía de Salto Grande

El Gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio, presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra la Nación por una compensación económica de USD 175,5 millones más intereses. El reclamo está relacionado con el bajo precio que la Secretaría de Energía nacional ha pagado desde 2013 por la energía generada en la represa de Salto Grande, ubicada en el río Uruguay, a la altura de Concordia y Salto (Uruguay), que alimenta al 7% de la demanda eléctrica del país.

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La demanda surge en el marco de una disputa por los excedentes generados por la represa, que desde 1999 se reparten entre las provincias de Entre Ríos (67,5%), Corrientes (27,5%) y Misiones (5%), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Maya. Sin embargo, el Gobierno entrerriano considera que los ingresos de la provincia se han visto drásticamente reducidos debido a las decisiones del Gobierno nacional sobre el precio de la energía que se paga por la electricidad producida en Salto Grande.

Según el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, las tarifas de la energía generada en la represa fueron fijadas en un promedio de USD 30 por megavatio hora (Mw) entre 1999 y 2013, hasta que, a partir de la resolución 95/13 de la Secretaría de Energía, el valor se redujo a USD 14. Desde entonces, el precio continuó cayendo, hasta llegar a un valor actual de solo USD 2,9 por Mw. Esta caída ha tenido un impacto directo en los excedentes que las provincias reciben. Mientras que en 2012 los excedentes alcanzaban casi USD 80 millones, en 2024 se estiman en menos de USD 5 millones, y en algunos años el monto fue cero.

Es por un conflicto que comenzó en 2013 y está relacionado al pago de la energía que produce la represa de Salto Grande.

La demanda de Entre Ríos señala que la Nación adoptó estas decisiones sin consultar ni notificar a las provincias involucradas, afectando su derecho a los excedentes de la represa y subsidiando el sistema eléctrico a costa de los recursos que les correspondían a las provincias. En el escrito presentado ante la Corte, se argumenta que esta estrategia favoreció a los grandes centros urbanos con tarifas bajas, mientras que las provincias productoras de energía no recibieron una compensación justa.

En este contexto, Entre Ríos exige la inconstitucionalidad de las resoluciones de Energía que han fijado los precios de la electricidad desde 2013, y solicita que se le dé participación en la determinación de esos valores. En particular, la provincia propone que se tenga en cuenta en el precio de la energía los costos de obras complementarias de Salto Grande, que aún no se han realizado, como la esclusa de navegación para el tráfico fluvial hacia el norte, hasta Brasil, y los sistemas de riego que beneficiarían a la producción local.

El reclamo se complementa con una solicitud de compensación económica por el valor de inventario de la obra civil de la represa, que, según el Gobierno entrerriano, tendría un valor amortizado de más de 40 años de operación. En este sentido, no se descarta que la demanda ante la Corte pueda ser una vía para abrir la puerta a una posible cesión de la propiedad de Salto Grande a la provincia, como una alternativa de compensación.

El reciente decreto 969/24, firmado por el presidente Javier Milei, que establece un mecanismo para la compensación de deudas y créditos entre la Nación y las provincias, ha alimentado la especulación sobre la posibilidad de que Entre Ríos pueda utilizar este canal para negociar una solución al conflicto. No obstante, Rodríguez Signes fue claro en señalar que la provincia no está dispuesta a renunciar a sus derechos y que la demanda sigue en pie.

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"El decreto 969 no nos obliga a renunciar a derechos, nos da la posibilidad de abrir un canal administrativo, pero sin renunciar a la vía judicial", aclaró el fiscal de Estado, quien recordó que Entre Ríos ya había demandado previamente a la Nación por un monto de $3.000 millones más intereses, correspondiente a los excedentes de Salto Grande, calculados con base en los valores actuales que están siendo cuestionados.

La demanda de Entre Ríos marca un nuevo capítulo en la disputa por el control de la energía generada en Salto Grande, un recurso estratégico para las provincias del litoral argentino. Con la posibilidad de que la Corte se expida sobre la legalidad de las resoluciones nacionales y la opción de avanzar hacia una negociación por la propiedad del complejo hidroeléctrico, la resolución de este conflicto podría reconfigurar el panorama energético de la región y definir la relación entre la Nación y las provincias productoras de energía.