Estados Unidos pide rechazar la solicitud de fondos Burford y Eton Capital en el caso YPF

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitando que se rechace la petición de los fondos Burford y Eton Capital, quienes buscan obtener activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera. En su intervención, el gobierno estadounidense argumentó que la solicitud de "turnover" de las acciones de YPF por parte de los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de EE. UU., y solicitó a la jueza Loretta Preska que desestimara dicha petición.

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El comunicado se conoció en la misma jornada en que Donald Trump fue anunciado como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que generó una coincidencia importante en cuanto a timing en el ámbito político y judicial.

El abogado Sebastián Soler compartió en la red social X la imagen del escrito presentado, en el que se detallan los argumentos del gobierno de Joe Biden para respaldar la postura de la defensa argentina en el conflicto, el cual se arrastra desde la expropiación de YPF en 2012.

La decisión se conoció el mismo día en que se conoció el triunfo electoral de Trump.

Este movimiento por parte del Departamento de Justicia no fue sorpresivo, según comentó el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el desarrollo del caso YPF. En su opinión, el gobierno de EE. UU. está preocupado por las implicaciones legales que tendría que una corte estadounidense permita la expropiación de activos soberanos de otro país, lo que podría abrir la puerta a la reciprocidad en el futuro. "Este amicus curiae del Gobierno de Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado", afirmó Maril, y agregó que el gobierno estadounidense está defendiendo los principios de inmunidad soberana que protegen a los Estados frente a litigios internacionales.

Sin embargo, el analista aclaró que este rechazo a la solicitud de los fondos no afectaría el fallo de los 16.000 millones de dólares dictado a favor de los demandantes ni el proceso de apelación en curso en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. "No afecta el alter ego ni la apelación", explicó Maril, refiriéndose a los fundamentos que los fondos Burford y Eton Capital sostienen para continuar con sus demandas contra el Estado argentino.

Los fondos Burford y Eton Capital ganaron el juicio en 2019 por la expropiación de YPF, que tuvo lugar en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. En su solicitud, los demandantes pidieron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia. Este reclamo se produce mientras continúa el proceso de apelación en los tribunales estadounidenses, específicamente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

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Ante este planteo, la defensa argentina se ha negado a entregar las acciones de YPF, que están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de Nueva York. Los demandantes, por su parte, han comenzado a explorar otras opciones para embargar activos argentinos que puedan estar disponibles dentro de la jurisdicción estadounidense.

En este marco, la Procuración del Tesoro de la Nación se comunicó con el gobierno de Joe Biden para informar sobre el desarrollo del juicio y explicar las posibles implicancias de que un juez de EE. UU. ordene el embargo de activos que se encuentran en una jurisdicción distinta. Las fuentes oficiales indicaron que las acciones de YPF de la Argentina no están registradas en Nueva York y que el gobierno argentino está decidido a proteger sus activos frente a cualquier intento de embargo.

En septiembre, el gobierno estadounidense solicitó tiempo para evaluar su posición sobre el pedido de los fondos, y finalmente presentó su escrito este 6 de noviembre, justo después de las elecciones presidenciales en EE. UU.

La disputa por la expropiación de YPF comenzó en 2012 cuando el gobierno de Cristina Kirchner tomó control de la empresa, despojando de sus activos a la española Repsol. En el marco de esa medida, la familia Eskenazi, accionista de YPF, también se vio afectada, y los fondos Burford y Eton Capital compraron los derechos de litigio de las empresas que se habían declarado en quiebra, Petersen Energía y Petersen Inversora, en España.

El caso tiene una dimensión compleja, ya que, en su momento, el gobierno argentino argumentó que la expropiación estaba respaldada por la Ley de Expropiación y la Constitución nacional, y no por los estatutos de la empresa, como sostienen los demandantes. Durante el juicio, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof defendió la decisión del gobierno, argumentando que la ley de YPF no era vinculante por encima de la soberanía del Estado, y criticó la idea de que el gobierno debía comprar la totalidad de las acciones a un valor determinado por el mercado.

Sin embargo, los fondos demandantes y la jueza Preska se basaron en la declaración de Kicillof en el Congreso, en la que describió la estrategia del gobierno como un rechazo a las normas legales de YPF. Esta frase, según los demandantes, justificaría la expropiación forzosa de los activos de YPF para pagar la indemnización dictada en la sentencia.

A pesar de las posturas encontradas, el caso sigue su curso judicial. El gobierno de EE. UU. ha dejado en claro que se opone a la confiscación de activos soberanos de otro país, lo que podría influir en las decisiones judiciales que se tomen en los próximos días. Mientras tanto, la defensa argentina mantiene su estrategia de apelar el fallo, sin ceder a la presión de los fondos Burford y Eton Capital.

El futuro de la expropiación de YPF está aún en juego, y la batalla legal entre la Argentina y los fondos demandantes continúa su curso en los tribunales internacionales.