15/11/2024
Fue durante una reunión en el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciaron un acuerdo histórico para el traspaso del servicio penitenciario al ámbito porteño. El acuerdo implica que la Ciudad se encargará de la administración y el cuidado de los detenidos, específicamente aquellos privados de libertad por delitos no federales, cuya jurisdicción corresponde a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, así como a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
El convenio fue formalizado en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Seguridad, donde ambos equipos de trabajo, encabezados por Macri y Bullrich, dieron el primer paso para la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal a la Ciudad. Este traspaso marcará un cambio significativo en la gestión del sistema penitenciario, que a partir de su implementación estará bajo la órbita de la administración local.
Una vez concretado el traspaso, la Ciudad de Buenos Aires será responsable de la ejecución de las penas privativas de libertad y la custodia de los detenidos en forma cautelar por delitos no federales. Esta medida afecta a los procesos judiciales que se desarrollan en la justicia penal ordinaria y contravencional, es decir, aquellos que no implican delitos de índole federal, que hasta ahora se gestionaban a través del sistema penitenciario nacional.
Fue durante una reunión en el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, estuvo acompañada en la reunión por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Por su parte, Jorge Macri estuvo respaldado por importantes figuras del Gobierno porteño, como el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, el vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.
El acuerdo también forma parte de un plan más amplio para modernizar el sistema penitenciario en la Ciudad de Buenos Aires, un tema clave dentro de la agenda de seguridad del Gobierno porteño. Se prevé que este traspaso implique, además, una serie de reformas estructurales y operativas que optimicen la gestión de los establecimientos penitenciarios, con un enfoque en la rehabilitación de los internos y la mejora de las condiciones de detención.
A través de este traspaso, el Gobierno porteño busca tener un mayor control sobre las políticas de seguridad y justicia en la Ciudad, permitiendo una mayor eficiencia en la administración de los recursos destinados al sistema penitenciario y la implementación de medidas que respondan a las necesidades específicas de la jurisdicción local.
Este acuerdo también marca un hito en la relación entre la Nación y la Ciudad, dado que la transferencia de competencias en cuestiones de seguridad ha sido una demanda histórica de la administración porteña, que ha venido reclamando mayor autonomía en diversas áreas.
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El anuncio del acuerdo fue recibido con entusiasmo por parte de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, quienes destacaron la importancia de tener el control de este sistema clave para la seguridad. "Este traspaso no solo nos permitirá mejorar la gestión del sistema penitenciario, sino también afianzar el trabajo conjunto con la justicia local para garantizar la seguridad de todos los porteños", señaló Jorge Macri tras el encuentro.
Por su parte, Patricia Bullrich destacó la colaboración entre ambas administraciones y subrayó que este acuerdo forma parte de una política integral para mejorar la seguridad y la justicia en todo el país. "Este es un paso más en el proceso de descentralización de servicios y un avance hacia un sistema más moderno y eficiente", expresó la ministra.
En los próximos días se comenzarán a definir los detalles operativos y logísticos del traspaso, que se realizará de manera gradual. La implementación del acuerdo implicará un proceso de adaptación tanto para los empleados del Servicio Penitenciario Federal como para las autoridades de la Ciudad, que deberán coordinar la integración de los recursos y personal en la nueva estructura local.
Este acuerdo pone en marcha una nueva etapa en la gestión de la seguridad en Buenos Aires, con implicaciones tanto para los detenidos como para la comunidad, marcando un cambio significativo en la administración de los servicios penitenciarios en el país.
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