La disputa por la expropiación de YPF suma nuevos capítulos en la Justicia estadounidense

La polémica expropiación de YPF sigue cosechando episodios. En un nuevo giro, la justicia estadounidense ordenó a funcionarios del gobierno argentino entregar una serie de comunicaciones para avanzar en la ejecución de la sentencia que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares.

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Vale remarcar que la información fue proporcionada por Sebastián Maril, analista de Latam Advisor, quien ha seguido de cerca el desarrollo del caso. De acuerdo con Maril, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ha solicitado a la República Argentina que entregue chats, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de una decena de funcionarios y ex funcionarios, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. El objetivo es reunir pruebas que puedan demostrar la figura del "alter ego", es decir, que el Estado argentino y sus empresas estatales, como YPF y Enarsa, son entidades indistinguibles para fines de embargos.

Asimismo, Burford Capital, el bufete inglés que lidera la demanda junto con Eton Park, solicitó estos documentos en un esfuerzo por demostrar que entidades como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central son extensiones del gobierno argentino. Esto permitiría a los demandantes embargar los activos de estas instituciones para cumplir con la sentencia.

Loretta Preska, jueza de Nueva York.

En tanto, Maril explicó que la justicia estadounidense está interesada en mensajes que incluyan ciertas palabras clave relacionadas con empresas de interés, lo cual se definirá la próxima semana. La disputa se ha intensificado debido a la resistencia de la Argentina, Banco Nación e YPF a entregar toda la documentación requerida. En este contexto, la semana pasada, el gobierno argentino presentó una carta ante la justicia de EE.UU. para intentar evitar la pérdida de acciones de YPF. Los abogados del país han argumentado que el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Attestor Master, que confirma el embargo de activos soberanos, respalda su posición de impedir la entrega de acciones de YPF a los acreedores.

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La batalla legal en torno a la expropiación de YPF, que comenzó con la nacionalización de la mayoría de las acciones de la petrolera en 2012, continúa siendo un punto de conflicto significativo entre Argentina y los fondos litigantes, subrayando las complejidades del proceso judicial internacional en temas de expropiación y compensación.