15/08/2024

Economía

La Justicia de Nueva York le ordenó a la Argentina pagarle 142 millones de dólares a bonistas

El dinero deberá ser abonado para aquellos inversionistas que no accedieron a los diferentes canjes que se impulsaron desde la Casa Rosada. Así lo determinó la jueza Loretta Preska.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ha ordenado a la Argentina pagar un total de 142 millones de dólares a un grupo de bonistas que optaron por no participar en los canjes de deuda propuestos por el país en años anteriores.

Esta decisión afecta a 12 fondos, entre los cuales destaca Bybrook Capital, que decidieron continuar con litigios en lugar de aceptar las condiciones de reestructuración ofrecidas por el gobierno argentino.

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El fallo de la magistrada surge en el contexto de la deuda soberana de Argentina, que entró en default en 2001. Desde entonces, el país ha llevado a cabo varios canjes de deuda en 2006, 2010 y 2016, con el objetivo de reestructurar sus obligaciones y evitar el litigio prolongado.

Aunque la mayoría de los bonistas aceptaron las ofertas argentinas, un grupo minoritario decidió no participar en estos acuerdos, eligiendo en su lugar mantener sus demandas en los tribunales.


Desembolso. Tras el fallo de la Justicia estadounidense, el Gobierno deberá abonar una cifra millonaria.

Los canjes de deuda impulsados por Argentina fueron parte de un esfuerzo para normalizar las relaciones financieras del país tras el default de 2001. Sin embargo, este proceso no logró incluir a todos los acreedores, lo que dejó abierta la posibilidad de litigios como el que ahora enfrenta el país.

El grupo de demandantes que no aceptó los canjes anteriores ha logrado ahora una sentencia favorable que les permite recuperar un total de 142 millones de dólares en acreencias.

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Esta decisión representa un nuevo desafío para la Argentina, que debe gestionar sus finanzas mientras sigue enfrentando reclamos de acreedores que no se sumaron a las reestructuraciones pasadas.

La situación subraya las complicaciones que pueden surgir en los procesos de reestructuración de deuda soberana, donde los esfuerzos por alcanzar acuerdos con la mayoría de los acreedores pueden no ser suficientes para evitar litigios prolongados y costosos con aquellos que deciden no participar en los canjes.

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